Se abrió la caja de los truenos. El Gobierno de Mariano Rajoy anunció ayer por boca de su ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que el Ejecutivo central acometerá más y profundas reformas. En esta ocasión, las revisiones le han tocado el turno a dos de los principales pilares del Estado del Bienestar: Sanidad y Educación. Además, el titular de la cartera más complicada de la Historia reciente aseguró que España «se sobrepondrá» a la crisis y que «saldrá reforzada».
En una entrevista concedida al diario alemán Frankfurter Allgemeine avanzada el pasado viernes, el dirigente madrileño descartó que el Estado vaya a seguir los pasos de Grecia, Irlanda y Portugal: «Es un país que ha cometido muchos errores en el pasado y que ha acumulado desequilibrios, pero ahora estamos trabajando para corregir dichos problemas».
Para ello, el titular de Finanzas confirmó que el Gobierno central emprenderá reformas en los «servicios públicos, máxime, en Sanidad y en Educación». Esto supondrá «una racionalización del gasto de las comunidades autónomas».
Es un tema éste, sobre todo el referente a la Salud, que levanta muchas ampollas en la sociedad y que, a buen seguro, le costó muy caro al PP en Andalucía, donde fue el principal argumento que, tanto IU como PSOE, esgrimieron durante la campaña electoral de forma muy machacona. Y es que la fórmula del copago causa un enorme recelo entre gran parte de la ciudadanía, cuando va destinada a las rentas más altas y el abono suele ser simbólico.
En este sentido conviene recordar las palabras del escritor Álvaro Pombo que, en un mitin de UPyD en noviembre pasado, llegó a denunciar que muchos tienen «farmacias en casa».
Pero ese no es el único caballo de batalla del Gobierno. También figura el I+D+i. La racionalización y reorganización de los recursos, la internacionalización de las universidades, empresas y centros de investigación y el incremento de la inversión privada en el sector serán los ejes de la nueva política de Rajoy.
Fuentes del Ejecutivo subrayaron que la investigación denunciaron que, «en los últimos años, España no ha visto incrementada la producción científica».
Por ello, se quieren poner en marcha programas dirigidos a empresas, particulares y entidades patrimoniales o corporativamente responsables, con el fin de incrementar la participación privada en la financiación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Además, se espera que las implicaciones de esta medida en la comunidad científica se relacionen con el aumento de la eficiencia del Sistema y el incremento de la productividad científica.
Del mismo modo, estas fuentes señalaron su intención de eliminar duplicidades, marcando con claridad los objetivos perseguidos y facilitando canales únicos y bien definidos para la interlocución con la sociedad: «Se unificarán los trámites en la concesión de subvenciones y ayudas sobre la base de criterios transparentes y objetivos basados en la excelencia; así pues, se contendrán al máximo las ayudas nominativas y se fomentarán las competitivas».
