Perplejidad. Así se podría calificar el último capítulo del culebrón mediático y judicial del caso Nóos. 24 horas después de que varios medios de comunicación revelaran que el Ministerio Público les había filtrado, presuntamente, que la defensa de Urdangarín había propuesto a la Fiscalía llegar a un acuerdo declarándose culpable y devolviendo dinero público obtenido de modo irregular, el abogado de éste, Mario Pascual, sostuvo que es «falso, formal e informalmente».
Al preguntársele si había pactado con la defensa del exsocio de Urdangarin en la polémica fundación, Diego Torres -se rumorea que tiene correos compremetedores-, contestó rotundo: «No».
Sobre la cuenta bancaria que el yerno del Rey presuntamente tenía en Suiza a través de la que realizaba determinados cobros, el letrado también lo negó sin que se le preguntase por ello: «Ni directa ni indirectamente ha tenido ni tiene cuenta en ningún paraíso fiscal. Que le quede claro a todos los ciudadanos de este país».
Mientras, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sostuvo que «vivimos en un Estado de derecho en el que prima el principio de igualdad entre todos los españoles». «Saben ustedes que este Gobierno ha dado plena autonomía al Ministerio fiscal para la investigación de las causas penales. Éste es un principio que nosotros vamos a mantener en todos los casos y que defenderemos también en este asunto que ahora nos ocupa», añadió.
Asimismo, también se pudo saber durante la pasada jornada que, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el sindicato Manos Limpias, personadas como acusación popular, mantienen en pie su pretensión de solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria para el Duque de Palma, independientemente de la voluntad de éste, que podría estar buscando una salida airosa para evitar la cárcel.
Y es que, según fuentes de la causa, esto no paralizaría de ningún modo las diligencias a practicar en el marco de este procedimiento, como tampoco obstaculiza el intento de reclamar la caución por parte de las acusaciones, que se mantienen a la espera de que la Agencia Tributaria aporte un informe relativo a los ingresos percibidos por el yerno del Rey. Así, el presidente de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma, afirmó que actuarán profesionalmente «ladre quien ladre y grite quien grite». La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, añadió: «No valoramos rumores».
