Asociaciones de abogados, jueces, fiscales y representantes de la ciudadanía salieron ayer a la calle para protestar por la subida de las tasas judiciales, al tiempo que exigieron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos para conversar de «poder a poder», debido al «fracaso» de las negociaciones con el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón. Por su parte, el popular reveló que los magistrados pidieron la subida de estos tributos para financiarles un plan de pensiones, una idea que él rechazó.
El mundo de la Justicia se concentró durante una hora ante sus sedes de las respectivas provincias españolas, en un acto que, como anunciaron durante las movilizaciones, puede ser el preludio de una huelga que no descartan realizar en enero si no hay marcha atrás en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que Gallardón ha previsto entre otras cosas la desaparición de los jueces sustitutos y la reducción de los días de permiso de los magistrados.
También arremetieron contra las tasas impuestas por el Gobierno y que, según los manifestantes, «limitarán el acceso de los ciudadanos a la Justicia», porque solo quien tenga dinero podrá litigar.
Este enfrentamiento con el exalcalde de Madrid, que podría desembocar en el segundo paro general de la Justicia en la historia de la democracia tras el que protagonizaron los magistrados en 2009, llevó a los convocantes a solicitar a Rajoy que sea él directamente quien tome las riendas de la negociación. Así lo indicó el magistrado decano de Madrid, José Luis González Armengol.
Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, señaló que las declaraciones en las que Gallardón afirmaba que las razones que motivaban las protestas responden a «intereses corporativos», son «muy desafortunadas». En este sentido, indicó que ellos se preocupan por la ciudadanía y explicó que «el 83 por ciento de la población rechaza las tasas».
Mientras, el ministro reveló que fueron los jueces quienes le pidieron que se implantaran nuevos tributos para financiarles un plan de pensiones, una idea que él rechazó, optando en cambio por utilizar la recaudación para «financiar la justicia gratuita».
El popular explicó que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) le entregó, poco después de que asumiera su cargo, un documento en el que le pedía un sistema de tasas que revirtiese en la Administración y favoreciese directamente a los magistrados. En ese proyecto, se planteaba un sistema de incentivos por productividad para los jueces y se abogaba por que parte de esas retribuciones pudieran plasmarse en un plan de pensiones, de manera que un magistrado que ingrese hoy en la carrera judicial tenga garantizada en su jubilación una indemnización de un mes de salario por año trabajado.
Además, recordó que también la Junta de Decanos acordó en su momento solicitar unas tasas «pedagógicas y disuasorias».
«Nosotros hemos atendido a la idea, que es positiva, pero única y exclusivamente para financiar la justicia gratuita», aclaró. «Ahí se ha producido una diferencia, no hemos atendido a la petición que ellos nos hacían sobre la recaudación de las tasas», remarcó.
Prisión permanente
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial estudiará hoy una propuesta elaborada por la vocal Margarita Robles, que duda de la constitucionalidad de las medidas más novedosas que introduce la reforma del nuevo Código Penal.
El documento argumenta que es «dudoso» que la prisión permanente revisable, que se aplicará a los delitos más graves como son los homicidios terroristas, sea conciliable con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución.
También aborda la custodia de seguridad al denunciar su «cuestionable inconstitucionalidad, como así lo han declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Constitucional alemán, país de origen de esta medida».
