Los ganaderos de leche atraviesan en los últimos tiempos una larga situación de crisis a la que no se dan soluciones capaces de acabar con los problemas del sector. Desde la Administración se han tratado de articular diferentes mecanismos de mercado, pero sin que los mismos hayan dado los frutos esperados. Ante esta situación, son muchas las explotaciones que han comenzado a echar el cierre o a reducir el número de animales para evitar aumentar el montante de las pérdidas. Frente a las 60.000 explotaciones de hace una década, en la actualidad apenas si sobrepasan las 20.000, mientras el número de cabezas ha caído de 1,2 millones de unidades en el año 2000 a solo unas 840.000, con un aceleramiento en los últimos meses del número de animales que van al sacrificio por encima de los niveles normales de reposición.
Este ajuste en las cabañas, aunque en paralelo los propietarios han mejorado la estructura de las explotaciones e introducido animales con una mejor genética productiva, se ha traducido en un recorte en la oferta, rebaja que no ha supuesto la subida necesaria de los precios para lograr unos niveles adecuados de rentabilidad.
La crisis responde, en primer lugar, a la existencia de problemas, al menos, en cuatro direcciones y que afectan igualmente a otros sectores. Los ganaderos están sufriendo la fuerte subida de los precios de las materias primas para la alimentación con unos incrementos que se podrían situar en una media del 40% en un año. Este comportamiento de las cotizaciones de los piensos ha supuesto elevar los costes medios de producción de un litro de leche, de menos de 0,30 euros a una media de 0,35 euros. Frente a este incremento, los precios de la leche no han tenido el mismo comportamiento. En los últimos meses han sufrido bajadas y, en la actualidad, han experimentado un ligero repunte por la falta de oferta, pero en todos los casos por debajo de los niveles necesarios para asegurar la rentabilidad de las granjas.
Los propietarios se encuentran, además, con un producto perecedero, con posibilidades limitadas para su mantenimiento en volumen y en las adecuadas condiciones de frío en las explotaciones. En estas circunstancias, las industrias tienen la sartén por el mango en la relación de fuerzas en el sector, ello sin contar con el poder decisivo de la gran distribución para fijar precios y otras condiciones, tanto a los propios industriales como a los ganaderos. Este desajuste entre los costes de producción y los precios percibidos, además de suponer el cierre y el abandono de los negocios, está provocando problemas para mantener abiertas las granjas, incluso de quienes quieren seguir y que para ello hicieron fuertes inversiones ante los problemas de financiación que tienen con los bancos. El acceso al crédito se ha vuelto muy difícil, los avales que se piden son imposibles y es ahora cuando se echa en falta la existencia de entidades ligadas a la actividad.
Frente a estos inconvenientes que se pueden resumir en falta de rentabilidad por una actividad dura y esclava, no es posible articular ningún mecanismo que asegure unos precios más bajos para los cereales, ni unas tarifas más elevadas por la leche. Sin embargo, sí es posible adoptar otras reformas de apoyo que podrían ser eficaces siempre que las mismas funcionen adecuadamente, cosa que no ha sucedido.
Una primera medida para apoyar la actividad ha sido el funcionamiento obligatorio desde el pasado mes de octubre de la política de contratos obligatorios entre un ganadero y el comprador, ya sea un operador o directamente una industria. Desde esa fecha, han funcionado los acuerdos, pero los mismos no han dado los resultados esperados de subir los precios y dar más garantías a los productores. Esta situación ha sido consecuencia fundamentalmente de la falta de estructuras para llevar a cabo las negociaciones en base a organizaciones de productores. Hay obligación de hacer un contrato, pero, al final, el precio que figure en el mismo se fija en función del peso de cada parte y, por el momento, ese poder se halla en la mayor parte de los casos en las empresas o los operadores con propuestas que han llegado a menos de 0,30 euros litro. Además, el Ministerio se comprometió a desarrollar una serie de campañas de inspección sobre la calidad del producto en varias comunidades autónomas, pero sus efectos tampoco se han visto para los ganaderos.
Una tercera medida ha sido la firma de un protocolo entre la gran distribución, las empresas lácteas y Asaja, por el que todas las partes, especialmente la gran distribución, asumían una serie de compromiso para evitar que la leche siguiera siendo ese producto un reclamo barato, siempre con una marca a precios de oferta, con la marca blanca como protagonista, en definitiva, sacar a la leche de los precios escandalosamente bajos al consumo, lo cual afecta directamente a los precios pagados a los ganaderos. El protocolo ha sido un fracaso. Se confirmaba que los acuerdos con la distribución están para no cumplirse. Tras la firma el pasado 28 de septiembre, la realidad es que, no solamente no se eliminaron de los lineales de la gran distribución los precios bajos, sino que incluso disminuyeron aún más los precios de la leche en oferta.
Como parche se podía destacar la decisión de la Administración de abonar en 2012 y 2013 31 millones de euros procedentes de los fondos de reserva para apoyar a las explotaciones con carácter general a razón de entre 1.400 euros y 2.440 cada año según la clasificación de cada granja. Estos fondos serán como una paga extra para los ganaderos, pero no la solución a la crisis. A la vista de todo este escenario, se puede deducir que un cambio en la política de la gran distribución hacia la leche podría y debería ser un punto de arranque para paliar la situación ganadera. La crisis viene de fuera.
