El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, presentó ayer una ambiciosa reforma del sistema financiero español, que previsiblemente será aprobada hoy por el Gobierno, y que tiene como punto fundamental el saneamiento de las cuentas de la banca a través del ladrillo y por un importe de 50.000 millones de euros. Según el popular esta medida «beneficiará» a los ciudadanos, porque rebajará el precio de la vivienda una vez que se haya materializado el ajuste de precios de los activos inmobiliarios en sus balances. «Traerá pisos a precios reducidos», valoró el dirigente.
El ajuste anunciado contempla que las entidades deberán detraer los activos inmobiliarios de los resultados en un único año, aunque las compañías que participen en procesos de fusión contarán con unas condiciones más flexibles, ya que podrán contabilizar estos recursos del capital y durante un proceso de dos ejercicios.
La reforma financiera establece que las provisiones para cubrir eventuales pérdidas en activos inmobiliarios problemáticos se elevarán hasta el 80 por ciento en el caso del suelo, porcentaje que contrasta con el 31 por ciento actual. En el caso de las promociones en curso, subirán del 27 al 65 por ciento, y en el caso de la promoción terminada y de la vivienda, se elevarán del 25 al 35.
Por otro lado, la banca deberá constituir una provisión genérica del siete por ciento en los créditos inmobiliarios saneados, aquellos que no registran incidencias de pago, como fórmula preventiva ante posibles deterioros futuros. Todos estos saneamientos se realizarán sobre el valor en libros de los activos inmobiliarios y la fecha límite para realizarlos será el 31 de diciembre de 2012, según especificó el ministro.
Asimismo, el lavado de cara al sistema financiero incluye también un importante apartado sobre las fusiones entre las diversas entidades. Así, aquellas empresas que decidan unirse deberán presentar un plan de viabilidad económica y medidas de gobierno corporativo antes del próximo 30 de mayo, al tiempo que el Ejecutivo les exigirá compromisos para ampliar o mantener la concesión de crédito hacia la economía. El ministro justificó este plazo en el objetivo de posibilitar una integración «rápida y eficiente».
De Guindos eludió vaticinar cuántas entidades quedarán al final del proceso porque se trata de algo que «depende de ellas mismas» e incidió en que el Ejecutivo no se inmiscuirá en dichos procedimientos, aunque los supervisará. «Lo que se pretende en última instancia es tener entidades más saneadas y con mucho mejor gobierno corporativo», enfatizó.
Con todo, el jefe de Economía y Competitividad confió en que estas medidas de saneamiento fortalecerán el sistema financiero español en la actual situación.
