Aunque sólo lleva diez meses al frente de la Diputación de Valladolid, defiende con vehemencia la permanencia de estas instituciones porque cree que son «el garante de que los derechos, las obligaciones y las oportunidades sean las mismas en el ámbito urbano y en el rural», y no cree que «corran ningún riesgo de desaparecer». Eso sí, asegura que necesitan una reforma basada en tres pilares: una financiación suficiente, una reforma del sistema de elección de los diputados y una racionalización competencial de forma que «cada competencia que se atribuya a un ente esté suficientemente dotada».
Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid, considera que las instituciones provinciales tienen que seguir siendo un órgano de «apoyo, auxilio y asesoramiento a los pequeños y medianos municipios» porque esa es su «razón de ser». Además, califica como «muy positiva» la reorganización territorial impulsada por la Junta porque opina que, si no se va a modelos asociativos, determinados servicios «pueden peligrar».
¿Cuál debe ser el papel que tienen que ejercer para que sean útiles y no se las cuestione?
El papel que cumplen, que es su razón de ser, es ser un órgano de apoyo, auxilio y asesoramiento, desde el punto de visto económico y técnico, a los pequeños y medianos municipios. Además, es el órgano de gobierno y administración de la provincia, y el garante de que los derechos, las obligaciones y las oportunidades sean las mismas en el ámbito territorial urbano y en el rural.
¿Cree que los ciudadanos perciben ese apoyo que prestan a los municipios?
En España hay 15 millones de personas que viven en el mundo rural y esas personas tienen muy claro qué son las diputaciones y para qué sirven.
¿Dónde cree que está la clave para garantizar el futuro de los pueblos más pequeños?
Nos jugamos el futuro con dos cuestiones: las nuevas tecnologías y el transporte, en definitiva, la comunicación, que es lo que al final produce el progreso, más en un territorio de casi cien mil metros cuadrados como Castilla y León, con una baja densidad y gran dispersión de la población.
¿Cómo valora el proceso de ordenación del territorio que se está desarrollando?
Es muy importante para Castilla y León porque somos una Comunidad con 2.248 municipios, y la crisis pone en evidencia que es muy complicado en muchos casos prestar esos servicios que favorecen la igualdad de oportunidades y derechos en cualquier sitio del territorio, y ello ha obligado a que la Junta haya emprendido un camino que yo valoro muy positivamente. No puede entenderse como un punto de partida inicial como si antes no hubiera existido nada, la ordenación del territorio se viene produciendo en todas las decisiones políticas que van tomando los distintos gobiernos, como las zonas básicas de salud o el sistema educativo. Y ahora se da un paso más en ese proceso, que además creo que la Junta está enfocando de una forma muy positiva porque está dando la posibilidad de que todas las fuerzas políticas y sociales, las organizaciones agrarias, los municipios y las diputaciones participen.
¿Qué requisitos tiene que tener este proceso?
La clave es que hay determinados servicios públicos que si no vamos a modelos asociativos pueden peligrar, pero se deben mantener los municipios y la función del alcalde. A partir de ahí, lo que ese modelo pretende es que algunos se presten a través de la asociación voluntaria de municipios, lo que se viene denominando distritos, que no dejan de ser mancomunidades que prestarán un elenco de servicios.
¿Dónde nos va a llevar este proceso?
Estamos en una fase muy inicial y todavía se están estudiando cuáles deben ser las competencias que ejerzan los distintos entes políticos y administrativos. Yo sí creo que esto va a dar lugar a una nueva reorganización del mapa de mancomunidades, aunque el alcance que tenga lo desconozco.
