“Vergüenza, indignación e impotencia” dicen sentir los integrantes de la asociación Amigos del Patrimonio de Segovia, ante la construcción que se está levantando en el número 25 de la calle de San Marcos, en el barrio del mismo nombre, a los pies del Alcázar.
Esta asociación segoviana considera que este edificio, ahora en obras y situado entre la carretera de Arévalo y la explanada del Eresma, a los pies de la ciudad monumental, podría haberse evitado “hasta el último momento”.
En este sentido, recuerda que el 6 de junio de 2010 la asociación presentó, entre otras, una alegación al Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS). En ella proponía que la intervención en la parcela donde se construye el edificio se limitara a la volumetría original, respetando las alturas y espacios libres existentes.
Amigos del Patrimonio justificaba esta propuesta “en la consideración de que cualquier aumento de altura o volumen —desde los iniciales 132 metros cuadrados a los 700 metros cuadrados autorizados en el plan— afectaría inevitablemente a la vista de la iglesia románica de San Marcos, clasificada como de Protección Integral de Arquitectura de Estilo, así como a la perspectiva del Alcázar desde la carretera de Arévalo, modificando esencialmente las características de un lugar de gran interés paisajístico y arquitectónico”.
La asociación sostiene que “la simple admisión de esta alegación habría evitado lo que ahora es imparable: La última prórroga de licencia al promotor fue concedida el 16 de diciembre de 2010”. Señala, además, que “resulta grotesco que la normativa en la que se ampara esta construcción se llame Plan Especial de Protección Histórico-Artística, Paisaje y Reforma Interior de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos’.
La Comisión Territorial de Patrimonio había emitido dictamen favorable en 2008 y la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, licencia de obras en 2009 para derribo y construcción de vivienda unifamiliar y alojamientos turísticos (la edificación contempla semisótano y dos plantas).
Desde esta asociación preguntan “si la normativa existente y, sobre todo, la aplicación que de ella hacen los organismos e instituciones responsables locales y autonómicos, es la que corresponde a una efectiva protección histórico-artística del patrimonio y del paisaje”.
