En reiteradas ocasiones se escucha que las arcas de la Seguridad Social están maltrechas y en números rojos; lo que es cierto, pero existen ciertos mecanismos que salvaguardan los pagos de esta entidad y que se denominan como las huchas de las pensiones. Por un lado, está el Fondo de Prevención de las Mutuas -con un montante de 4.646 millones de euros- y, por otro, se encuentra Fondo de Reserva, que contaba a principios de junio con una cuantía de 67.948 millones de euros.
Así las cosas, las dificultades por las que pasa el país en la actualidad han llevado a que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, reconociera ayer que el Gobierno se ha visto en la necesidad de echar mano de estas reservas para pagar las pensiones del mes de julio. Por el momento, ha sido la cartilla que se nutre de los recursos que les sobran a las mutuas después de gestionar las cotizaciones por contingencias profesionales la que ha servido para efectuar estos pagos.
Burgos no descartó la posibilidad de que el Gobierno tenga que recurrir también al Fondo de Reserva para financiar el sistema, ya que la idea del Ejecutivo es usar todos los mecanismos disponibles para gestionar adecuadamente los compromisos.
Además, recordó que ya se ha recurrido al Fondo de Prevención, del que se emplearon en julio 4.400 millones para pagar a los jubilados. El Gobierno autorizó el día 4 de ese mes dos disposiciones efectivas de 1.700 millones y otras dos de 500 millones 20 días después.
Con esto pagos se liquidaron prácticamente los fondos de este plan de prevención, aunque aún queda un remanente de aproximadamente 400 millones de euros gracias a las aportaciones de las mutuas de trabajo. «El dinero se usa por una vía y llega por otra», sentenció Burgos.
Dejar el trabajo
Lo que sí descartó el político popular es la posibilidad de que el Gobierno adelante la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años, que entraría se hará efectiva en 2027 tras la última reforma.
«No existe una recomendación para acelerar la entrada en vigor de los 67 años, ni este Ejecutivo se lo plantea en este momento», señaló antes de añadir que hay tres compromisos que ha adquirido el Gabinete para negociar en el Pacto de Toledo: el estudio de la integración del régimen del hogar en el general, las medidas para conseguir el retraso efectivo de la jubilación y el análisis del factor de sostenibilidad.
Por otro lado, y preguntado por si la evolución del IPC en los próximos meses puede condicionar las cuentas de la Seguridad Social, que deberían cerrar en equilibrio, Burgos indicó que el aumento del IPC sí supone cierta presión y un sobre esfuerzo de 200 millones por décima de desvío, aunque es algo habitual para el sistema.
Sobre la evolución de la afiliación en el mes de agosto, que bajó en 136.762 personas, reconoció que el dato es «obviamente negativo», aunque, a su parecer, hay que situarlo en su contexto porque «no supone una variación significativa» respecto a otros meses de agosto.
En este sentido, argumentó que el Gobierno «nunca espera un octavo mes del año positivo» por ser un momento en el que finalizan muchos contratos de carácter estacional, aunque en este caso el comportamiento ha sido «coherente con la serie histórica y levemente mejor» que la media de los últimos años.
