La Junta calcula que deberá asumir entre 600 y 700 millones de los 10.000 de ahorro previstos por el Gobierno central en sanidad y educación, materias que gestionan las comunidades autónomas, mediante medidas de racionalización del gasto, eliminación de duplicidades o mejora de la eficiencia, mientras que no rechaza que se revise el copago en los medicamentos aunque si defiende, entre las líneas rojas, que los ajustes no toquen la esencia y la calidad de los pilares del Estado del Bienestar.
Así lo manifestó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al valorar la propuesta del Ejecutivo y los planteamientos que se realizarán en los próximos consejos sectoriales a los que están convocados los consejeros de Familia, Milagros Marcos, Sanidad, Antonio Sáez, y Educación, Juan José Mateos.
La financiación de la educación, sanidad y dependencia está en el modelo y las transferencias remitidas por el Gobierno a través de los presupuestos son «similares a las del año pasado», explicó sobre la incidencia de la cantidad que se prevé como ahorro estatal, el 70 por ciento en sanidad, aunque pidió que «no se viva como que van a llegar 10.000 millones menos a las autonomías».
De Santiago-Juárez se esforzó en explicar que el copago farmacéutico existe y recordó como los ciudadanos abonan cuando van a la farmacia a por una receta un 40 por ciento -excepto los pensionistas-, al tiempo que recalcó que otra cosa es la revisión del mismo, que no rechazó. «No es una línea roja, pero hay que esperar», afirmó, sobre la propuesta que pueda realizar la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el próximo Consejo Territorial de Sanidad. En tal sentido, diferenció el copago de la «tasa» por receta que aplica la Generalitat catalana.
Sin entrar en las propuestas que pueda realizar la Junta en los órganos de decisión entre el Gobierno central y las autonomías, el consejero portavoz reiteró que se debe esperar a conocer «las herramientas de ahorro» que les presenten para la gestión de las competencias y para cumplir con el objetivo de déficit. «El Gobierno dice qué hacer y las autonomías cómo», resumió.
No obstante, puso el acento en que la Junta defenderá su modelo tanto en educación, como en sanidad y servicios sociales por entender que es de éxito, conforme a la evaluación de los ciudadanos y los expertos. «Tenemos la fuerza que nos dan los resultados», afirmó, para indicar que otros tendrán más difícil defender su modelo conforme a sus resultados. «No es un capricho, defendemos un modelo de éxito», precisó.
Desde el «sentido común» de no asumir propuestas que perjudiquen ese modelo, insistió en defender la educación actual con clases abiertas y apeló a las características de la geografía de Castilla y León. Por tanto, marcó como línea roja para la sanidad, educación y servicios sociales, que se mantenga la calidad y que los ajustes no afecten a la esencia de los pilares del Estado del Bienestar.
El portavoz se remitió a los presupuestos de 2012, que prevén presentar en los últimos días de abril o primeros de mayo, para conocer como quedará la financiación de la sanidad o educación con esa cantidad que les corresponde ajustar del total estatal. En tal sentido, reiteró que las transferencias con las que cuentan son similares a las del año pasado a la que se unirá el céntimo sanitario, pero no concretó si la cifra se mantendrá en los casi 3.400 millones que gestiona ahora el Sacyl.
Por último, mantuvo que existe «margen» para ese ahorro sin que afecte a la calidad, aunque no entró en el detalle de las posibles medidas que estudia la Junta, si bien recordó algunas, como las de racionalización del gasto.
