El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha ordenado al fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, que abra «diligencias de investigación» tras la aparición de los «restos ferroviarios» hallados en un almacén del distrito de Villaverde, en Madrid, para determinar si corresponden a los trenes que sufrieron los atentados del 11-M y si su hallazgo pudiera suponer «un delito de obstrucción a la Administración de Justicia«.
Torres-Dulce ha dado a conocer que este jueves se dirigió al máximo responsable del Ministerio Público en Madrid para que ordene, a partir de las «informaciones periodísticas» publicadas, que «se proceda a investigar la existencia y custodia» de estos restos y «se indague si existe alguna investigación en relación con los mismos», según informa la agencia de noticias Europa Press.
«Si se estuviera investigando en un proceso, archivaríamos las diligencias de investigación y actuaríamos diligentemente en la causa en la que estuviera investigando esa actividad. De no ser así, agotaríamos las diligencias de investigación con el objetivo que estamos precisando y a continuación solicitaríamos la inmediata judicialización», ha explicado Torres-Dulce, que ha recalcado que ha tomado esta decisión sin pedir ningún tipo de informe policial.
Tras indicar que «no hay por parte del Ministerio Fiscal a la hora de investigar nada que no sea revocar los hechos probados de la sentencia, que están ahí concretamente», el fiscal general del Estado ha defendido la necesidad de «indagar cualquier otro término que pudiera suponer un delito de obstrucción a la Administración de justicia».
«El Ministerio Fiscal no tiene solamente ningún inconveniente sino que tiene la obligación de llegar hasta el fin en esas investigaciones», ha señalado el fiscal general del Estado antes de añadir que, aunque el 11-M es «un proceso cerrado», «cualquier otra circunstancia que merezca ser investigada será investigada».
No es «cosa juzgada». En relación con la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de archivar la causa que se seguía contra el excomisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y una perito de su unidad por posibles irregularidades en la recogida y custodia de muestras del 11-M, ha señalado su disconformidad con el argumento de que se tratara de «cosa juzgada».
«La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid no la compartimos. Creemos con todo el respeto que no había cosa juzgada porque tanto la identidad de los sujetos como el objeto era por completo diferente», ha señalado antes de indicar que la Fiscalía del Supremo decidió no recurrir este auto porque resultaba «irrecurrible».
«No es que no fuera viable jurídicamente o difícil de recurrir, sino que era legalmente imposible de recurrir ese sobreseimiento. Procesalmente no era proceso el recurso, no porque no fuera viable», ha apuntado.
