El decreto ley con medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y que adapta la normativa estatal al respecto, permitirá a la Administración autonómica ahorrarse «cerca de 200 millones» por la supresión de la paga extraordinaria de diciembre a todos los trabajadores de la Junta y de los entes del sector público autonómico.
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que la eliminación de esta paga es la medida que más ahorro supondrá, a lo que hay que añadir la reducción a tres de los días ‘moscosos’ y la supresión de los ‘canosos’ (días libres en función de la antigüedad) a partir del 1 enero de 2013, con un ahorro total estimado de 219 millones.
Recordó que las nóminas de todos los altos cargos de la Junta experimentarán la misma rebaja que las del resto de los trabajadores públicos, al igual que las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes; los portavoces y otros cargos de los grupos parlamentarios, y los consejeros de los consejos Consultivo y de Cuentas. También los profesores de los centros privados concertados experimentarán la misma reducción que el personal docente de la pública.
El decreto ley aprobado ayer, que posiblemente se publique en el Bocyl del martes, también adapta el RD Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en otra serie de cuestiones, como la modificación de la prestación complementaria prevista para las situaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes, situándola en el máximo permitido por la normativa estatal. Así, entre el primer y tercer día de baja el trabajador percibirá el 50% de las retribuciones que hubiera cobrado en el mes anterior; entre los días cuarto y vigésimo, la complementación alcanzará, junto con la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, el 75%, y a partir del día 21 se recibirá el 100%. El complemento también llegará a la totalidad de las retribuciones en caso de hospitalización e intervención quirúrgica, así como en los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Esta nueva regulación de la incapacidad temporal en el sector público se aplicará a aquellas bajas que se inicien transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del real decreto ley, el próximo 15 de octubre.
Asimismo, en el decreto regional se incluyen las modificaciones en cuanto a vacaciones y permisos establecidos por el Gobierno de España, que también serán de aplicación a todo el personal de la Administración autonómica, así como a los trabajadores de las empresas y fundaciones públicas, entes públicos de derecho privado y otros ligados a la Comunidad, además de la limitación de las retribuciones y las indemnizaciones en los contratos mercantiles y de alta dirección.
