La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (ASPES) han hecho un llamamiento a la acción social para que los ciudadanos defiendan en la calle los servicios públicos y no permitan que pierdan calidad. Para esta organización la Junta de Castilla y León está “castigando a sus funcionarios” con sus medidas de recorte económico y con el incumpliendo de acuerdos alcanzados con anterioridad. También reprocha a la Administración central que ataque a los empleados públicos para afrontar una difícil situación económica cuando debería enfrentarse con firmeza al fraude fiscal y corregir la corrupción, según han defendido esta mañana en rueda de prensa el presidente y el secretario de ASPES de Castilla y León, Honorio Vega y Carlos Hernández, respectivamente. “No se puede seguir llamando a las puertas de los empleados públicos para cuadrar las cuentas de la Administración”, ha indicado Honorio Vega quien ha abogado por reducir el sector público empresarial al que ha calificado como un nido de corrupción “para colocar amigos con sueldos astronómicos”.
Por su parte, el representante de ASPES en Segovia Alberto Gómez Nieva ha recriminado que “la Junta tiene dinero para lo que quiere” porque en su opinión no está justificado los 10 millones de euros que ha destinado a la construcción de Centros de Educación Obligatoria (CEOS) en la provincia de Segovia cuando son “inservibles, antieconómicos y antipedagógicos”. Para ASPES esta inversión habría estado mejor utilizada si hubiera ido destinada a la creación de una sede para la Escuela Oficial de Idiomas, ya que Segovia es la única capital de provincia que no tiene un centro propio de enseñanza de idiomas.
