La Junta de Castilla y León fijó ayer en un 19,79 por ciento los servicios mínimos de la Administración autonómica y organismos autónomos ante la convocatoria de huelga general para el próximo 14 de noviembre. Este acuerdo del Consejo de Gobierno fue inmediatamente rechazado por los sindicatos, quienes lo calificaron de «abusivos» y exigieron al Gobierno regional que articule un procedimiento de negociación, ya que si no Castilla y León será junto a Galicia la única autonomía donde no sea posible alcanzar un acuerdo.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que la Junta debe garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales sin menoscabo de la libertad individual y sindical. A pesar de ello, los servicios mínimos fijados para el 14N se sitúan varios puntos por debajo del 23 por ciento que se estableció en la convocatoria del pasado 29 de marzo.
El porcentaje de servicios mínimos se eleva al 30,14 por ciento en el ámbito sanitario, mientras que en los servicios generales (incluidos los sociales) se queda en el 17,08 por ciento y en el sector docente no universitario se sitúa en el 9,48 por ciento, al tiempo que los entes y empresas públicas es del 5,15 por ciento.
En las empresas privadas que prestan servicios a la Junta, el grueso de los servicios mínimos estará compuesto por una o dos personas. Así ocurrirá, por ejemplo, con la limpieza, la seguridad y el mantenimiento de las dependencias públicas. En contraste con esto, y siguiendo el mismo criterio de la última huelga general, se propone que trabaje el 93,55 por ciento de los ocupados en áreas vitales para la salud y la vida de los ciudadanos como el teléfono de emergencias 112, puesto que de otro modo sería imposible atender las posibles urgencias con la rapidez necesaria. Algo similar ocurrirá con los integrantes del operativo de la Campaña de Vialidad Invernal.
Estos datos fueron criticados de forma unánime por los sindicatos CCOO, UGT, CGT, Stecyl y USO, quienes acusaron a la Junta de «imponer» los servicios mínimos presentando su propuesta para los empleados públicos, los entes y las empresas privadas en una única sesión hace tres días, un proceso que se cerró el miércoles en el pleno del Consejo de la Función Pública sin ninguna negociación, con el rechazo de CCOO y UGT y la abstención de CESM y CSI-F que no secundan la huelga.
De Santiago-Juárez explicó que siempre se intenta negociar con los sindicatos, pero «los convocantes se oponen porque siempre consideran que los servicios mínimos son excesivos».
El secretario de Acción Sindical de CCOO, Vicente Andrés, recalcó que no entienden que en otros ámbitos haya procesos fluidos de negociación con la Junta y en esta materia no, lo que constituye una «laguna» y un «déficit» importante del Gobierno regional.
Las organizaciones sindicales estudiarán si recurren los servicios mínimos, como en otras ocasiones, aunque incidieron en que lo importante es que la Junta de Castilla y León establezca mecanismos y tenga voluntad de negociar porque «hay materias en las que se pueden alcanzar acuerdos». Expusieron que no es de recibo que en la Comunidad no se puedan consensuar los servicios mínimos, cuando se ha podido hacer, por ejemplo, a nivel estatal en materia de transportes.
Sin embargo, el portavoz de la Junta indicó que «cada territorio tiene unas necesidades diferentes» en referencia a que en la Comunidad se eleva al 50 por ciento los servicios mínimos del transporte, mientras el acuerdo nacional fija un 30 por ciento.
En este sentido, los servicios de cercanías (los que se prestan en un radio de acción de 10 kilómetros respecto a las capitales de provincia) se realizarán el 50 por ciento de las expediciones autorizadas. Asimismo, las empresas concesionarias de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera deberán realizar, como servicios mínimos, el 10 por ciento de los viajes que tengan autorizados, aunque en las horas punta -entre las 7 y las 10 y de 18 a 21- se establece un número mínimo de expediciones.
Universidades y colegios.- La Junta, como autoridad gubernativa, exige que se garantice la apertura y el mantenimiento de los centros y servicios esenciales de la enseñanza universitaria y los centros docentes privados no universitarios. Así, en las universidades públicas los servicios mínimos se han fijado en el 3,24 por ciento, mientras la enseñanza privada no universitaria se consigna la asistencia del director académico o equivalente y un trabajador del personal de administración y servicios, para garantizar que el centro abre sus puertas. En el caso de que cuente con servicio de comedor, se establece además la presencia de un cocinero o ayudante de cocina y un empleado.
Además, el transporte escolar se mantendrá en su integridad, dado que, según argumenta la Junta, la dispersión de la población hace necesarios numerosos desplazamientos interurbanos de alumnos de enseñanza obligatoria, que además están sujetos a una normativa específica que garantiza su seguridad. Por ello y para asegurar el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución, una vez más se ha decidido la prestación de la totalidad de los servicios interurbanos de transporte de alumnos en los niveles obligatorios.
