La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, aseguró ayer que la reforma laboral no tocará las prestaciones por desempleo pese a las necesidades de reducción del gasto, y aseguró que «la única medida» que adoptará en ese sentido será «la lucha contra el fraude» entre aquellas personas que las cobran de manera «injusta».
Hidalgo añadió que, por tanto, las partidas destinadas en los Presupuestos a la cobertura del paro «son intocables», y que incluso «se incrementarán si hay que hacerlo».
La política señaló que la reforma laboral que prepara el Ejecutivo está «más justificada» que nunca, a lo que añadió que el Gabinete «valora muchísimo» el acuerdo alcanzado por los agentes sociales sobre negociación colectiva, pero que «el mismo respeto o más merecen» los 5,3 millones de ciudadanos que no tienen trabajo, «a los que va dirigida la reforma». «Haremos lo que tengamos que hacer», sentenció.
Asimismo, sostuvo que la normativa tendrá como principal objetivo que el despido sea el último recurso para las empresas con dificultades y que, como el resto, no permitirá generar empleo de forma inmediata. Si bien, apuntó que, en combinación con el resto de los cambios previstos, aportará mas confianza y contribuirá a marcar la senda del crecimiento económico.
Apuntó también que entre los objetivos de los próximos cambios en el mercado de trabajo estarán que la formación se constituya como un derecho individual de los asalariados y la lucha contra el absentismo laboral.
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, adelantó que el sistema dispone de «recursos suficientes» para cubrir el pago de las pensiones, pero a la vista de la caída de la afiliación, abrió la puerta a adoptar medidas para mejorar sus ingresos, como traspasar a los Presupuestos el pago de los complementos a mínimos. En último recurso, añadió, no sería «dramático» recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones.
La nota positiva la puso el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, al afirmar que, contradiciendo al presidente de Cataluña, que España puede reducir su déficit de más del 8% al 4% este año, cumpliendo así los objetivos de 2012.
