El PSOE considera que la reforma laboral vulnera varios artículos de la Carta Magna. Por ello, su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, anunció ayer que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto si no se retira o se modifica durante el trámite parlamentario. Desde el Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó su «respeto» a la decisión de los socialistas, pero precisó que con 5,2 millones de parados en España, «lo más constitucional» que se puede hacer es garantizar el derecho al trabajo.
Rodríguez detalló tres aspectos de los ajustes, aprobados por el Consejo de Ministros el día 10, que el bloque de la oposición considera «susceptibles de recurso».
En primer lugar, se refirió al nuevo contrato que establece la reforma, por el que los trabajadores deberán superar un período de prueba obligatorio de un año, «lo que significa que el empresario tiene 365 días para despedir sin causa justificada ni indemnización».
Además, el PSOE encuentra «claramente inconstitucional» la posibilidad que da la nueva regulación al patrono de modificar las condiciones laborales de los empleados, «sobre todo los salarios, con un plazo de siete días de preaviso». «Esto no se sostiene ni legal ni jurídicamente», aseveró.
Por último, aseguró que la reforma también vulnera la «tutela judicial efectiva» y que impone un arbitraje obligatorio cuando las partes no lleguen a un acuerdo para proceder a los descuelgues de lo pactado en los convenios.
Ante tales declaraciones, la vicepresidenta del Gobierno lamentó que el PSOE confíe «poco» en sus enmiendas, cuando ya está anunciando la presentación de un recurso ante el Tribunal.
«Yo respeto, como no puede ser de otra manera, las decisiones de la oposición», aseveró, «pero lo más constitucional que podemos hacer todos» es aunar esfuerzos para «hacer efectivo el artículo 35 de la Carta Magna, que recoge el derecho al trabajo». Por ello, la también portavoz del Ejecutivo insistió en que ése es, precisamente, «el objetivo de la reforma laboral»: ayudar a encontrar empleo.
Por último, destacó que el Gabinete «ha mantenido y mantiene» el diálogo con los sindicatos, a quienes el presidente, Mariano Rajoy, convocó en primera instancia antes de su investidura.
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para la creación de una Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que centralizará las tareas de los actuales organismos supervisores, a excepción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros y el Banco de España, que afectan al mercado financiero, con el ánimo de «evitar duplicidades, contradicciones en los informes o pérdidas de seguridad jurídica» y ahorrar cuatro millones de euros en salarios y remuneraciones.
