La crisis ha aumentado en dos millones más el número de personas adultas que viven en situación de precariedad, debido sobre todo al repunte del desempleo, a la reducción de salarios y a los ajustes llevados a cabo por el Gobierno en los últimos años, según se desprende del informe Adiós a las clases medias, elaborado por el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), presentado ayer en su XII Congreso anual, celebrado en Bilbao.
El análisis, elaborado a partir de datos oficiales de diferentes organismos estatales y autonómicos, revela que la tasa de precariedad en España, que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familias sin ellos, se incrementó al 43,7% de la población, por lo que afecta a un total de 20,6 millones de personas.
De esta forma, según los expertos, las rentas de los hogares mileuristas se concentran, sobre todo, entre los asalariados que suman 16 millones, seguidos por los adultos sin ingresos (2,9 millones) y los autónomos (1,7 millones).
A finales de 2007, cuando apenas se empezaban a notar los efectos de la crisis, la precariedad se extendía al 40% de la población, unos 18,5 millones de personas, entre los que se contabilizaban 2,1 millones de adultos sin ingresos, 744.000 menos que ahora.
Desde entonces, los rendimientos del trabajo de los asalariados y autónomos no han dejado de caer, mientras que, por el contrario, las rentas altas han invertido gran parte de su capital en diferentes instrumentos como las Sicav, sociedades patrimoniales y otros instrumentos de inversión para eludir sus pagos al Fisco. De hecho, Hacienda pierde anualmente cerca de 300 millones por la baja tributación de las sociedades de inversión, que se sitúa en un 1%. Según Gestha, esta cantidad es solo la «punta del iceberg», que oculta una bolsa de rentas del capital y plusvalías de «dimensiones gigantescas» en manos de los accionistas que no tributan en el IRPF, mientras no retiren su participación. Por su parte, las grandes fortunas evitan retirar sus fondos para no pagar al Fisco.
El elevado índice de precariedad es diferente en función del lugar de residencia de las personas que se encuentran en esa situación. Así, con el 53% y el 51% respectivamente, Extremadura y Andalucía son las regiones con una mayor pobreza, seguidas de Murcia (47,7%) y Galicia (47,7%). Por su parte, Navarra y el País Vasco registran la menor del Estado, con el 22,2% y el 24,1%.
Asimismo, los contribuyentes más pudientes también han evitado pagar el grueso de su patrimonio, declarándolo como ganancias de capital, cuyo gravamen más elevado hasta la reforma de diciembre de 2011 era del 21%, aunque el tipo máximo para estas rentas (27%) sigue siendo muy inferior al que soportan los asalariados, que va desde el 24,75% hasta el 52%. Con todo, Gestha valora la mayor tributación que, a partir de 2013, se aplicará a las plusvalías generadas en menos de un año, una medida que pretende reducir la especulación y el fraude, como un primer paso hacia la mejora de la progresividad del IRPF.
