El precio medio de estudiar en una universidad pública española es de los más altos de la Unión Europea, pese a que el sistema de becas es de los más débiles, por lo que el decreto ley del Gobierno presidido por Mariano Rajoy que pretende actualizar al alza los precios de las matrículas agravará todavía más esta situación.
Esta es una de las principales conclusiones de un estudio elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario, presentado ayer en Barcelona, y que ha cuantificado en un 19,88 por ciento el porcentaje sobre el total del coste de la docencia que pagaban los estudiantes españoles en el curso 2008-2009, tomando como referencia datos consolidados publicados por la OCDE.
El rector de la Universidad de Barcelona (UB), Dídac Ramírez, que acogió la presentación del documento elaborado por profesores de diferentes centros académicos catalanes, consideró, a tenor de los resultados expuestos, que la cifra del 15 por ciento ofrecida por Gobierno y Generalitat para defender la actualización de precios es un «tópico y una falsedad» que se puede desmontar desde el rigor y la objetividad.
El informe ha analizado los precios de todas las universidades públicas y, pese a evidenciar que existe una gran disparidad incluso dentro de una misma comunidad autónoma, señala que en el conjunto de Europa solo Portugal, Holanda, Italia, Irlanda y Gran Bretaña presentan precios superiores a los que hay en España.
Ramírez criticó el decreto ley por entender que ha sido «precipitado y técnicamente débil», sin entrar a hacer juicios de valor, y señaló que lo defenderá en la reunión de hoy del Consejo de Universidades.
La coordinadora del estudio y profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Vera Sacristán, explicó que la cifra del 20 por ciento que pagaron los alumnos dos años atrás se basa en cálculos conservadores que discriminan el coste real de la universidades, entre el 60 por ciento que se destina a docencia en los presupuestos y el 40 por ciento que se dedica a investigación, algo que no hacen los cómputos de la Administración.
Decisión política
La investigación también constata, según la comparación con el resto de países de la UE y también de la OCDE, que la tasa que pagan los estudiantes en cada centro no guarda correlación ni con la riqueza del país ni con la demografía, por lo que Sacristán expuso que el modelo de educación superior de cada territorio responde finalmente a «decisiones políticas».
Por ello, advirtió de que la subida de las matrículas podría tener consecuencias negativas en la movilidad social y en la igualdad de oportunidades, y puso como ejemplo lo observado en Inglaterra con el incremento de tasas decretado por David Cameron, y que ya refleja un descenso en el número de universitarios y una mayor tendencia a estudiar cerca de casa para evitar costes de desplazamiento.
En el caso concreto de Cataluña, las últimas subidas apuntan a que los alumnos ya pagan el 21,3 por ciento de la cuantía total de la docencia, por lo que si se cumpliera el decreto ley que apunta a una horquilla de entre el 15 y el 25 por ciento, incluso se podría dar una rebaja de precios, aseguró Sacristán, quien añadió que todo ello hace de esta región una de las comunidades donde asistir a clase es más caro. Lo mismo sucede con los precios de los másters, doctorados y otras tasas específicas como la expedición de títulos, añadió.
Tomando las cifras que maneja el Gobierno, el texto apunta a que los precios podrían aumentar el próximo curso hasta un 66 por ciento, cuando los alumnos «no tendrán por qué pagar los costes de investigación», insistió, si bien avanzó que la norma puede tener una consecuencia imprevisible.
Actualmente, los estudios de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas en la comunidad catalana cuestan unos 900 euros por curso sin tener en cuenta recargos por repeticiones – y pasarían a costar 1.500-; las matrículas científicas y las ingenierías unos 1.300 -se elevarían hasta los 2.100-; y los relacionados con la salud podrían pasar de 1.400 a 2.300 euros.
