La Comisión de investigación del Parlament sobre la quiebra de Spanair concluyó esta semana sus trabajos aprobando un dictamen que descarta responsabilidades políticas, y que unificará las conclusiones de CiU, ERC y PSC, mientras que no prosperaron las conclusiones y recomendaciones de PP, ICV-EUiA y C’s, que sí defendían que hubo responsabilidad política.
Más de ocho meses después de constituirse y de participar una sesentena de comparecientes desde enero, la Comisión prevé remitir sus conclusiones al pleno del Parlament para que las debata y apruebe “antes de que acabe el periodo de sesiones”, expuso el presidente de la comisión, el diputado Matías Alonso.
Confió en que “haya servido para dar más luz sobre una empresa en la que se abocó dinero público, y que los ciudadanos hayan podido tener una visión más amplia de lo que ha sucedido” desde que, en 2009, un grupo de empresarios y administraciones públicas catalanas adquirieron la aerolínea, que acabó quebrando en enero de 2012 al no conseguir un socio industrial.
La participación pública en Spanair fue decidida por el Govern tripartito (PSC, ERC, ICV-EUiA), continuó cuando CiU tomó el relevo del Ejecutivo en 2011, y también hubo una aportación significativa del Ayuntamiento de Barcelona con los alcaldes Jordi Hereu (PSC) y Xavier Trias (CiU), de forma que la inyección de dinero público en la aerolínea rondó los 200 millones de euros.
El diputado Antoni Fernández Teixidó (CiU) defendió: “Tras las comparecencias de la comisión, no sabemos distinguir ningún tipo de responsabilidad política ni ética”, y habló de proyecto justificado para impulsar la economía a través de una buenas conexiones aéreas internacionales, del que se consiguieron algunos objetivos.
“Naturalmente que se cometieron errores”, reconoció, pero negó que fuese un proyecto ideológico, como consideró la diputada de Ciudadanos Inés Arrimadas.
Ésta afirmó que fue una operación política y que supuso tirar el dinero público a la basura al invertir en una aerolínea que se vendió en 2009 por un euro porque estaba quebrada, por lo que el final de la inversión era previsible y evitable, a lo que Teixidó ha respondido que C’s “confunde una misión de país con una misión de Govern”.
La diputada socialista Alícia Romero defendió que era un proyecto “acertado”, y sin responsabilidad ni de un Govern ni del otro porque la obligación de los gobiernos es tomar decisiones, a veces con éxito y otras no, mientras que el del Partido Popular Jordi Roca constató que la mayoría de inversión fue pública aunque había accionistas privados, y que toda la operación fue un conjunto de “malas decisiones encadenadas”.
