El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad propuso a las comunidades autónomas que ofrezcan una atención sanitaria completa a los inmigrantes irregulares que lleven al menos 6 meses empadronados y se encuentren en “situación de vulnerabilidad o exclusión”, y aseguró que el Ministerio del Interior no tendrá acceso a los datos de los ciudadanos que soliciten esta atención y queden registrados en la base de datos del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Así lo anunció el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, tras la reunión de la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del SNS en la que traslado a las comunidades una serie de “criterios mínimos” para garantizar la atención social y sanitaria a estos inmigrantes “no registrados ni autorizados como residentes en España y que carezcan de recursos económicos”, y que ésta sea “homogénea” en toda España.
Moreno explicó que estos inmigrantes deben estar en la base de datos del SNS porque “tienen que estar identificados para recopilar su información clínica y evitar duplicidades en las pruebas clínicas”, pero aseguró que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, dependiente de Interior, no sabrán quiénes quedan registrados ya que “ni puede acceder ni pretende hacerlo”.
“Se plantea que se incorporen a la base de datos nacional del SNS. No es un registro, tienen que estar identificados para poder recopilar la información clínica del paciente y evitar duplicidades. Es a efectos de seguimiento clínico y farmacológico, para que puedan retirar los medicamentos que les recete el médico, pero no hay que comunicar nada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, ni Interior puede acceder ni pretende hacerlo, como ocurre en otros países”, defendió.
