La Guardia Civil instruyó el pasado año un total de 280 denuncias relacionadas con la caza en la provincia de Segovia, lo que supone un aumento ligeramente superior al 10% con respecto al ejercicio precedente, en que la cifra fue de 246. Además, una persona ha sido imputada de un delito de caza por emplear cepos en una zona protegida.
A pesar de este incremento del las denuncias, fuentes de la Guardia Civil insistieron en que “Segovia no es una provincia que sufra grandes problemas de furtivismo”. De igual forma, desde la Benemérita también se quiso aclarar que el número de denuncias no es igual al de denunciados, sino que éste último resulta menor, pues “en ocasiones, una misma persona realiza varias infracciones”.
La modalidad de caza que recibe el mayor número de denuncias es la caza menor, sobre todo de liebre. En un alto porcentaje, los expedientes sancionadores se instruyen en las comarcas de Cuéllar y Santa María la Real de Nieva a cazadores que emplean galgos. En esas dos comarcas, las infracciones con galgos son un problema enraizado, sin que las denuncias hayan conseguido erradicarlo. Además, la Guardia Civil no puede incautarse de los galgos al no poseer instalaciones para mantener a los animales.
La cifra de denuncias en caza mayor es sensiblemente inferior. En 2014, las especies que han generado las denuncias han sido corzo, ciervo, jabalí y cabra montés. Llama la atención ésta última, ya totalmente asentada en la Sierra de Guadarrama, donde en los últimos años se han cobrado buenos ejemplares.
La Guardia Civil también instruye denuncias por la captura de fringílidos, como el jilguero, el verderón, el verdecillo o el pardillo, si bien en este caso no se trata de infracciones a la Ley de Caza sino a la Ley de Biodiversidad. La apertura de estos expedientes por captura de fringílidos se realizó en Segovia y su entorno, donde la caza con liga de pajarillos es una tradición centenaria, que se resiste a desaparecer.
Las causas de las denuncias tramitadas, según han informado la Subdelegación del Gobierno, son el empleo sin autorización de métodos de caza prohibidos (liga, lazos, cepos, dispositivos no autorizados, productos atrayentes, jaulas trampa…), el transporte de piezas de caza muertas o partes identificables de las mismas sin que vayan acompañadas de los precintos o los tengan colocados incorrectamente; y la no posesión de la documentación preceptiva para el ejercicio de la caza.
