La Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictó un auto en el que estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Infanta Cristina de Borbón en el marco del caso Nóos por lo que rebajó la fianza, inicialmente fijada de 2.697.150 euros, a 449.525 euros. De esta manera, la Audiencia revocó el punto del auto de apertura de juicio oral de este caso referido a la fianza de responsabilidad pecuniaria para garantizar el pago de multas.
Cabría destacar que el auto hecho público ayer por la Audiencia Provincial dispuso que “no puede destinarse a dicha fianza la cantidad consignada ‘ad cautelam’ en el Juzgado” por la apelante a efectos de responsabilidad civil, que ascendió a 587.413,58 euros.
Por otro lado el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, elevó el pasado 24 de junio a la Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto por la Infanta contra la negativa del juez de reducirle a 449.000 euros la fianza civil de 2,7 millones que impuso a la acusada en el auto con el que el pasado mes de diciembre acordó abrir juicio oral contra ella.
De esta manera, el tribunal de la Sección Segunda estimó parcialmente la petición de Cristina de Borbón, cuya defensa consideró desproporcionada la cantidad impuesta en relación con las responsabilidades económicas que, en el hipotético caso de ser condenada, “correspondería exigirle en este caso”. Además, la Fiscalía Anticorrupción se adhirió a su petición. Los fondos responderían al supuesto fraude del que se habría beneficiado a través de Aizoon, empresa cuya titularidad comparte al 50 por ciento con su esposo y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros del entramado.
Esta información se sucede después de que la Audiencia Provincial de Baleares confirmó el pasado 7 de julio el auto que puso fin a la instrucción de las investigaciones sobre la grabación en vídeo de la Infanta Cristina mientras declaraba como imputada, en el marco del caso Nóos, el 8 de febrero de 2014, de modo que pudo abrir la vía para que los abogados Francisco José Carvajal y María del Carmen Jiménez, presuntos autores de la filmación, se sisentaran en el banquillo de los acusados en este caso.
En concreto, mediante un auto al que tuvo acceso Europa Press, el tribunal de la Sección Segunda desestimó los recursos de apelación que interpusieron en su día ambos encausados contra la resolución.
