El jefe del Servicio de Control de la Gestión de Residuos de la Junta, Agustín Barahona Martín, ocupará el banquillo de los acusados mañana, como presunto autor de un delito de prevaricación relacionado con la “pasividad” mostrada durante años, en los que habría hecho caso omiso de sus funciones para promover la descontaminación de una finca utilizada por la antigua ‘Nicas’ para fabricar fertilizantes en Santovenia de Pisuerga. La vista, según detallaron fuentes jurídicas, se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid, donde se juzgará la presunta actuación delictiva de Barahona Martín, quien, con carácter provisional, se expone a una petición de la Fiscalía que se eleva a ocho años de inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo o cargo público.
La actuación presuntamente delictiva del funcionario guarda relación directa con la actividad de la mercantil ‘Nitratos Castilla S.A’, posteriormente denominada ‘Fertiberia’, centrada en la fabricación de fertilizantes cuyos residuos generados fueron vertidos, en parte, en los huecos producidos por la actividad extractiva en una antigua cantera de carbonato cálcico ubicada en el polígono ‘Corrales’, en Santovenia, propiedad de dicha sociedad.
El 24 de noviembre de 2006, la empresa remitió al servicio del que era jefe el imputado, un Estudio de Calidad del Suelo de la referida cantera, elaborado por ‘Hera AG Ambiental’, a fin de obtener de la Junta permiso para retirar los residuos y la limpieza de los suelos, así como para la eventual declaración de suelo contaminado. A todo ello adjuntó, el 19 de junio de 2007, toda la documentación original requerida. Sin embargo, Agustín Barahona, “con total dejación de sus funciones”, no adoptó decisión alguna para su tramitación. “Ni ordenó la incoación formal del expediente, ni efectuó comunicación a la empresa promotora del mismo ni encargó el examen de la documentación técnica a los especialistas del servicio, lo cual ha impedido la retirada de los residuos y/o la eventual declaración de suelo contaminado, careciendo este comportamiento dilatorio de total justificación”, tal y como advirtió Fiscalía en su escrito acusatorio.
Esta “pasividad” del imputado se habría mantenido a lo largo de cuatro años, “lo que fue determinante para que los residuos peligrosos en cuestión sigan en el mismo enclave, aun cuando Fertiberia había sido sancionada por la Confederación Hidrográfica del Duero”, incidió la acusación pública. El vertido en cuestión estaba formado por una serie de compuestos que, por sus características, ni se diluyen ni desaparecen.
En el estudio de ‘Hera AG Ambiental’, encargado por la propia empresa, se hacía constar que los residuos vertidos generan un riesgo potencial cancerígeno y tóxico, asociado a la carga contaminante del suelo. La firmante del estudio ya advertía entonces de que dichos residuos plantean un “riesgo inaceptable para la salud humana para los dos usos futuribles del suelo considerados”.
