No ha quedado en el olvido. La alcaldesa, Clara Luquero, incluyó entre las cien acciones prioritarias para los cien primeros días de gobierno en el municipio el cambio de denominación de las calles franquistas, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La concejala de Gobierno Interior, María Luisa Delgado, afirmó ayer que el equipo de gobierno busca el mayor consenso posible y con ese fin se convocarán asambleas o reuniones con vecinos de las calles afectadas el próximo mes de agosto.
Ayer fue 18 de julio, sábado, como sábado fue el 18 de julio de 1936, fecha que casi ocho décadas después genera controversia. El levantamiento militar contra el gobierno republicano que condujo a una cruenta confrontación y a la larga dictadura de Francisco Franco, además de la represión de los vencidos, tuvo consecuencias perdurables en muchas ciudades y pueblos, como la proliferación de vestigios con los que el régimen franquista quiso rendir homenaje a personalidades relevantes del bando golpista. Un claro ejemplo son los nombres dados a calles y plazas en capitales como Segovia, en barriadas como la de San José.
El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que entró en vigor en el año 2007, prevé la revocación de nombres de personas en vías o plazas cuando placas y otros objetos o menciones conmemorativas tengan por objeto la exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.
En el anterior mandato municipal (2011-2015), fruto de un acuerdo de gobierno entre el Grupo Socialista e Izquierda Unida incluía el cumplimiento de la normativa sobre memoria histórica en la ciudad pero no hubo avances hasta la retirada de Pedro Arahuetes y la llegada a la Alcaldía de Clara Luquero. Fue ya este año, pocos meses antes de las elecciones locales, cuando el dictamen de la comisión informativa correspondiente se debatió y aprobó en el pleno del mes de enero, por los pelos y gracias a la ausencia de un concejal del Grupo Municipal Popular. Sin embargo, en la siguiente sesión plenaria, la de febrero, fue aprobada una moción del entonces concejal no adscrito, Javier Arranz, exsocialista, apoyada por el PP, para retirar y mejorar el expediente sobre la modificación del nombre de calles.
Esta votación se producía después de un intenso debate en la calle, con posiciones enfrentadas a la posición del gobierno municipal en ámbitos como la Federación Empresarial Segoviana o varios colectivos vecinales.
Además, el Grupo Popular solicitó la suspensión del acuerdo plenario de enero y, al no resolverse en el plazo de 30 días, quedó estimado por silencio administrativo. Ahora tiene que transcurrir el plazo reglamentario de seis meses para levantar esa suspensión, lo que ocurrirá el 9 de septiembre.
Delgado, que fue la concejala encargada de defender el dictamen de la comisión informativa sobre el cambio de nombres de calles no descarta que el expediente quede como está o bien se amplíe o incluso que la propuesta para nuevas denominaciones de vías se modifique en función de las opiniones recogidas cuando se reúna con los vecinos.
Por otra parte, el abogado Eduardo Ranz denunció en abril a la alcaldesa por un presunto delito de desobediencia “al consentir el mantenimiento de nombres franquistas en calles de la ciudad”, aunque un auto judicial archivó la denuncia en mayo. Ranz confirmaba ayer que desde el equipo de gobierno municipal se le remitió un escrito explicándole la situación y se mostraba confiado en el que “una vez que se asiente el nuevo equipo, además con la misma alcaldesa, se proceda al cambio de denominación”.
Tampoco Delgado prevé problemas. Los votos de los 12 concejales socialistas, unidos al del único edil de IU, Ángel Galindo, que mantiene la misma posición que su antecesor, Luis Peñalosa, podrían sacar adelante la propuesta.
