No hay datos fiables sobre la caída del número de empleados públicos en la provincia de Segovia en los últimos años pero, según la Encuesta de Población Activa (EPA), entre el tercer trimestre de 2011 y el último de 2014 en Castilla y León el descenso ha sido superior al 13 por ciento. La propia Administración General del Estado ha señalado, a través de los informes estadísticos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a falta de que se publiquen los datos de 2014, que la reducción del personal del sector público estatal fue del 4,6 por ciento en 2012 y del 3 por ciento en 2013.
Desde UGT Segovia señalan, además, que las medidas de ajuste presupuestario han socavado drásticamente las plantillas de empleados en muchos ayuntamientos, donde el porcentaje ha sido superior todavía al del resto de administraciones.
A la política de recortes en personal, a veces “disfrazada”, según los sindicatos, con medidas como la ausencia de oferta pública de empleo o la amortización de los puestos de trabajo del personal que ha alcanzado la jubiliación en los últimos años, se suma también la implantación de la Administración Electrónica, una medida que, aun siendo positiva en principio, está incidiendo directamente de forma negativa en el empleo y, además, en algunos casos deriva en mala atención al usuario o al contribuyente, según señalan algunos dirigentes ugetistas.
Sobre este último tema, un ejemplo paradigmático es que para solicitar la ayuda de 100 euros para padres con niños menores de 3 años, o la nueva ayuda por cargas familiares, es necesario cumplimentar un modelo y presentarlo de forma electrónica, sin posibilidad de gestionarlo en oficina. Así, son muchos los solicitantes que deben acudir primero a la delegación de la Agencia Tributaria para hacerse con la documentación exigida como requisito para acceder a la ayuda y después tienen que hacerla efectiva por su cuenta y únicamente a través de Internet. En UGT señalan que todavía es peor en el caso de algunos trámites del INSS cuando el usuario es una persona mayor sin habilidades informáticas.
Por si fuera poco, la negociación colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas ha resultado tan perjudicada o más que en el sector privado con la reforma laboral de 2012, comentan. En este sentido, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la provincia, Miguel Ángel Mateo, indica que son muchas las cuestiones derogadas, empezando por la eliminación de una paga extraordinaria que, finalmente, y debido a las sentencias favorables en los tribunales, se está abonando por todas las administraciones. Algunos aspectos que recogían los convenios en vigor pero que la citada reforma tiró por tierra tienen que ver con la duración de la jornada laboral, la cláusula de revisión salarial — “que tanto había costado introducir”, dicen en UGT — o la acción social, entre otros.
Por otro lado, los ajustes presupuestarios han motivado que también las concesionarias de contratos públicos hayan registrado pérdida de empleo. En el caso se Segovia, un ejemplo es el de la empresa que tiene adjudicada la limpieza en el Hospital General. Según María Jesús Herranz, de la Federación de Servicios (FeS) de UGT, el convenio colectivo firmado el año pasado ha supuesto la merma de ocho puestos de trabajo en la plantilla que trabaja en el centro sanitario segoviano, debido a jubilaciones parciales y reducción de jornada. “Se han evitado despidos y se han realizado contratos de relevo pero estos se han asignado a otros hospitales de Castilla y León que tienen la misma concesionaria, lo que en la práctica implica una reducción de plantilla en Segovia”, sostiene.
