Una decena de senadores del PP baraja romper la disciplina de voto del partido y no apoyar en el pleno del Senado del próximo 8 de septiembre la proposición de ley orgánica impulsada por el partido, que quiere hacer obligatorio el consentimiento paterno para todas las chicas de 16 y 17 años que deseen interrumpir de forma voluntaria su embarazo. Así lo confirmaron fuentes parlamentarias, coincidiendo con que mañana, día 25, la iniciativa de los ‘populares’ pasará su penúltimo trámite parlamentario al ser aprobada en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Alta, previsiblemente con el único voto del PP, y sin sufrir ningún cambio en su articulado.
En concreto, en la jornada de mañana no se prevé ninguna fuga de voto en las filas ‘populares’ ya que los senadores considerados como posibles ‘díscolos’ no tienen escaño en la Comisión de Sanidad. No obstante, sí harán visible su voto en el próximo Pleno del Senado del 8 de septiembre, que ratificará la iniciativa, según confirmaron las mismas fuentes. De esta forma, podría repetirse el episodio del pasado 16 de julio en el Congreso, donde cinco diputados del PP rompieron la disciplina del partido al considerar que la reforma impulsada consolida el aborto como un derecho y avala la Ley Aído, ahora en vigor.
Así, mañana en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales se debatirán las 35 enmiendas y 7 vetos que han presentado los grupos de la oposición al texto planteado por los ‘populares’ el pasado abril en el Congreso de los Diputados. Todas estas iniciativas serán rechazadas por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.
La modificación sólo toca las leyes de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de Autonomía del Paciente para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesite el consentimiento de sus tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto. La forma escogida para impulsar la reforma ha sido cuestionada por los grupos parlamentarios y las ONG.
