El juez instructor del caso Bárcenas, Pablo Ruz, citó ayer a declarar, en calidad de testigos, a la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, y a los exsecretarios populares Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, «en atención a la responsabilidad que habrían ostentado» en la formación en relación a las declaraciones del extesorero de la formación acerca de la presunta contabilidad B del partido.
En este sentido, emplazó a la también presidenta manchega para el próximo 14 de agosto a las 10 de la mañana, mientras que el día anterior están convocados sus predecesores en la sede de Génova 13.
En el auto, el magistrado especifica que toma esta decisión «a fin de no demorar más el presente trámite sin perjuicio de las restantes diligencias que con posterioridad a la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas en fecha 15 de julio han sido solicitadas por las partes personadas, respecto de las que se resolverán una vez obre en autos el correspondiente informe del fiscal».
El togado entiende que estos tres testimonios resultan «pertinentes, útiles y necesarios» en atención «a la responsabilidad que cada uno de los testigos propuestos habría ostentado al frente de la Secretaría General del partido durante los distintos períodos a los que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos». A fin de «no incurrir en incongruencia», Ruz consideró que no solo debe declarar la actual número dos -como había indicado el fiscal en su informe-, sino también sus predecesores, en tanto que ostentaron la misma responsabilidad orgánica dentro del partido.
Además, también llamó como testigos a un empleado de la caja del PP, Antonio Ortiz, y al gerente que sucedió a Bárcenas, Cristóbal Páez.
Tras conocer la citación, tanto Cospedal como Arenas aseguraron que acudirán a la Audiencia Nacional, pese a que su condición de aforados les permitiría testificar en sus respectivos despachos.
La presidenta manchega se mostró «encantada de poder colaborar» con la Justicia en este caso «y poder decir, en sede judicial, la verdad» para, así, tener la oportunidad de «contestar a tantas mentiras y calumnias que se están vertiendo». El político andaluz, por su lado, también mostró su «disposición» para contar al magistrado «toda la verdad que ha vivido en el PP».
Por otro lado, el juez Ruz ordenó el embargo de las cuentas bancarias en España, con un saldo de de 700.000 euros, y de los bienes inmuebles de Bárcenas, después de que haya transcurrido el plazo fijado para que depositara la fianza por responsabilidad civil por importe de 43,2 millones de euros impuesta al extesorero.
Concretamente, confiscó el domicilio en la calle Príncipe de Vergara y su plaza de aparcamiento en Madrid, una vivienda en el barrio de Peñagrande y el 50 por ciento de otra unifamiliar en el municipio de Naut Aran (Lérida) cercano a la estación de esquí de Baqueira Beret junto con dos plazas de garaje, todo ello sin perjuicio de las restantes medidas de bloqueo sobre el resto de cuentas de las que dispone en el extranjero.
