El sindicato UGT reclamó a la Junta de Castilla y León que convoque los procesos para la cualificación de cerca de 5.000 personas que trabajan en el ámbito de la Dependencia, fundamentalmente la ayuda a domicilio, y pidió que vele por la calidad de los servicios que se proporcionan, en su mayor parte a través de subcontratas, y las condiciones de los empleados.
Así lo aseguraron la secretaria de la Federación de Servicios Sociales y Dependencia, Pilar Navarro; la de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Carmen Ámez; y la del Sector Sociosanitario, Fonsi Bonafonte.
Así, Ámez señaló la importancia de la dependencia en Castilla y León, donde hay una persona mayor por cada tres de entre 16 y 64 años y un 4,3 por ciento de la población es dependiente y pidió que la Administración “tome cartas en el asunto” en ámbitos como la ayuda a domicilio, un sector marcado por la precariedad.
Una de las principales preocupaciones del sindicato es que la Junta “bloquea” la cualificación de casi 5.000 personas del sector, el 99 por ciento mujeres, muchas mayores de 50 años, que tienen suficiente experiencia y que a pesar de no tener formación sí están en condiciones de obtener el certificado que les proporciona la citada cualificación para trabajar en este ámbito.
En este sentido, reclamó datos sobre el número de trabajadores del sector, que aún desconoce, aunque ha cifrado en el 14 por ciento de la masa salarial de Castilla y León y el 10 por ciento del empleo la ayuda a domicilio.
Ámez señaló además que en la mayoría de las ocasiones los servicios que se prestan están subcontratados a empresas privadas, por lo que pidió a la Administración que haga un seguimiento para velar por su calidad y por las condiciones de los profesionales.
A este respecto, Pilar Navarro insistió en el problema que supone la acreditación de este personal, que en muchos casos lleva en el sector 18 o 20 años, y recordó que la Ley apostaba por la profesionalidad y el trabajo que hacían estas personas con la certificación que les cualificara.
Sin embargo, en la actualidad se revisa y evalúa la aplicación de la Ley y se ha comprobado que en cuanto a acreditación “no se ha hecho nada” y, aunque faltan datos de las comunidades para saber cuánta gente se ha acreditado, UGT calcula que unos 70.000 trabajadores que necesitan el certificado no lo han obtenido a pesar de tener conocimientos y habilidades para ello.
Ante estos datos, recordó que la normativa apostaba por la creación de 350.000 empleos y sólo se han generado 125.000, pero el problema es la “falta de voluntad” y los recortes de los últimos años, que han hecho que no se proporcione a la población un derecho “subjetivo”. Por otra parte, Navarro denunció la precariedad existente en este sector y reclamó que se haga un esfuerzo mayor en los conciertos con las entidades privadas, ya que con 30 o 40 euros por cama no se pueden pagar las retribuciones de un convenio actualmente en negociación.
Por último, Fonsi Bonafonte ha explicado que este sector, fundamentalmente la ayuda a domicilio, tiene “nombre de mujer”, es muy precario y poco valorado. Además, criticó que la consejera de Familia, Milagros Marcos, hable de “sobresaliente” en atención a la Dependencia cuando se ofrecen servicios que no tienen suficiente calidad.
