La figura jurídica del ‘silencio administrativo positivo’ ha dado momentáneamente al traste con la decisión del equipo de Gobierno de modificar el nombre de varias calles de la capital con connotaciones franquistas, al haber finalizado el plazo de 30 días hábiles que marca la ley para que el Ayuntamiento resolviera la solicitud presentada por el Partido Popular de suspensión del acuerdo al considerar que estaba viciado de pleno derecho.
En una nota de prensa, el grupo Popular en el Ayuntamiento explica que el acuerdo «ha quedado legalmente suspendido hasta que se adopte una decisión expresa sobre el recurso de reposición presentado ante el pleno municipal». Así, indican que como el pleno no ha resuelto esta solicitud en el plazo legal establecido «se estima la suspensión por silencio administrativo positivo». El PP recuerda que la propuesta de resolución de esta solicitud se llevó al pasado pleno de febrero, pero al ser retirado del orden del día «no se produjo una nueva votación, por lo auque los plazos legales contiunaron avanzando hasta ayer, sin que haya habido ningún tipo de respuesta o pronunciamiento por parte del pleno municipal».
Además, el pleno de febrero aprobó por mayoría absoluta una moción para paralizar el expediente colectivo en relación con el cambio de nombre de las calles, por lo que, según los populares «con la suspensión del acuerdo por el transcurso del plazo legalmente señalado y la paralización de dicho expediente por la moción aprobada, el expediente para modificar el nombre de las calles queda suspendido».
Por su parte, la alcaldesa Clara Luquero respondió casi telegráficamente en su comparecencia semanal cuando fue preguntada sobre este hecho, y aseguró que no se pronunciará hasta que no conozca el informe técnico jurídico encargado a la secretaría sobre este asunto.
En su nota, los populares aseguran que «no se apartan» de cumplir la Ley de Memoria Histórica», pero si se instruyen de forma adecuada los expedientes de altas y bajas de denominaciones de calles con respeto a la normativa vigente. Asimismo, consideran que «no es admisible» que no se apliquen los requisitos del Reglamento de Honores y Distinciones en los cambios de las calles, y piden que se abran expedientes individualizados y documentados para cada caso.
