Un juez federal de Texas ordenó bloquear temporalmente la acción ejecutiva anunciada por el presidente, Barack Obama, el pasado mes de noviembre con la que pretendía aplazar la deportación de millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos. Ante este revés, el Gobierno ya anunció que apelará la decisión judicial.
La medida anunciada por el mandatario estadounidense pretendía postergar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular que llegaron al país siendo niños, así como de los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. En total, cerca de cinco millones de personas podrían beneficiarse de esta medida.
Sin embargo, el juez federal Andrew S. Hanen, de la corte de distrito federal en Brownsville, dictó una medida cautelar de bloqueo al entender que el Gobierno no cumplió con las leyes de procedimiento administrativo, dando así la razón a los 26 estados gobernados por los republicanos, incluido Texas, que recurrieron la acción ejecutiva de Obama.
“El tribunal considera que la incapacidad del Gobierno de garantizar la seguridad en la frontera ha exarcebado la inmigración ilegal a este país”, afirmó el juez en su resolución. Asimismo, condieró, tal y como argumentaban los estados, que esta falta de actuación, “unida a la alta tasa de inmigración ilegal del país, consume significativamente los recursos de los estados”.
En un memorándum que acompaña su orden de paralizar la aplicación de la acción ejecutiva, el juez Hanen defendió que el recurso debe seguir adelante y que si no se suspendía temporalmente la puesta en práctica de la medida los estados “sufrirían un daño irreparable en este caso”.
“Sería imposible volver a meter al genio de nuevo en la botella”, subrayó y coincidió con los demandantes de que la legalización de millones de inmigrantes indocumentados es una acción “virtualmente irreversible” con el paso de los años.
El juez Hanen, un abierto crítico de la política migratoria de la Administración Obama, no se pronunció sobre los méritos del recurso formulado por los 26 estados u ofreció una opinión formal sobre la constitucionalidad de las medidas anunciadas por Obama, sino que aceptó la suspensión temporal hasta que toma una decisión sobre el recurso formulado.
Desde la Casa Blanca, se defendió la potestad de Obama para adoptar las medidas anunciadas en noviembre “para ayudar a arreglar nuestro sistema roto de inmigración” y que son conformes “con las leyes aprobadas por el Congreso y las decisiones del Tribunal Supremo”
“La decisión del tribunal de distrito impide equivocadamente que estas políticas legales y de sentido común tengan efecto” por lo que el Departamento de Justicia “apelará esa decisión”. Asimismo, animó a los inmigrantes diciendo que esta moratoria “es solo temporal después de todo”.
