El expresidente de Andalucía y diputado nacional Manuel Chaves utilizó su presencia ayer en el Tribunal Supremo, donde declaró en calidad de imputado en la causa de los ERE fraudulentos, para responder a las manifestaciones realizadas el pasado jueves por su sucesor José Antonio Griñán al manifestar que “si el fraude fue pequeño o fue grande eso lo tendrán que determinar los tribunales de justicia”.
Chaves realizó estas manifestaciones al término de su declaración ante las decenas de periodistas que se agolpaban a las puertas del alto tribunal, toda vez que Griñán, tras su declaración mantuvo que “no hubo un gran plan pero sí un gran fraude”.
Chaves se expresó de este modo ante los periodistas, en una comparecencia en la que no aceptó preguntas, tras recalcar que durante su etapa al frente de la Presidencia de la Junta el Consejo de Gobierno “nunca jamás” adoptó “ninguna decisión ilegal” y señaló que las ayudas sociolaborales fueron “positivas” para los trabajadores y la lucha contra el paro en este sentido.
Añadió que, al hilo de la existencia o no de un fraude en el caso, si hubo alguna persona que “utilizó fraudulentamente los fondos”, serán los jueces, la Justicia la que determine si “las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no”.
“Durante tiempo en el que yo he sido presidente de la Junta, los 19 años, nunca jamás se ha adoptado ninguna decisión ilegal, nunca, ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad”, defendió el expresidente en una breve comparecencia ante los periodistas tras declarar durante dos horas y media ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro.
“Lo que he hecho siempre a través de mi trayectoria política como presidente de la Junta de Andalucía, como ministro y como vicepresidente del Gobierno, cualquier decisión política o normativa que he tomado, la he tomado siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios”, señaló.
El actual diputado nacional compareció en calidad de imputado, al igual que el resto de aforados nacionales, en relación con los “actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas” señalaron las instituciones judiciales.
Chaves defendió asimismo que las ayudas estaban basadas en los acuerdos de concertación firmados con los sindicatos y las organizaciones empresariales e insistió en que “tuvieron efecto positivo en lucha contra paro y desempleo”, recalcó.
Al expresidente andaluz, que ha comparecido a petición propia antes de que se tramite o no contra él el suplicatorio a las Cortes, se le citó en relación a actos realizados como presidente de la Junta andaluza y previsiblemente ha dado explicaciones sobre el contenido del informe de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que cuestiona el sistema elegido para la otorgarlas ayudas socio-laborales cuestionadas a través del instrumento presupuestario denominado en este caso “transferencias de financiación”.
En su informe pericial, los peritos consideran “inadecuada e improcedente” la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas en este caso de corrupción.
