La lucha contra la violencia de género cuenta desde ayer con una nueva herramienta gracias a la aprobación del registro unificado de víctimas de malos tratos que evitará, entre otras cosas, que las afectadas no tengan que contar su historia varias veces entre distintos profesionales.
Dicho registro, que se configura como el principal instrumento de información de víctimas en la Comunidad, se abrirá a todos los profesionales que intervienen en el proceso -Servicios Sociales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces y fiscales- e integrará la historia social así como la información procedente de la Administración del Estado y del resto de administraciones.
Este avance permitirá también aumentar la protección y seguridad de la víctima y la eficacia de los recursos al eliminar duplicidades y mejorar la atención a las usuarias, “que tendrán un único punto de referencia en la atención y acceso a los recursos existentes en la Comunidad”, según el portavoz del Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez.
De esta forma, los profesionales de los Servicios Sociales autonómicos, provinciales y locales, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad , Policía Local, los jueces y los fiscales de Castilla y León compartirán en una única base de datos “información relevante y actualizada sobre la víctima, que les permitirá tener una visión integral del caso y adoptar las mejores decisiones para garantizar la atención integral y la protección”.
El registro se nutrirá, entre otros datos, de la historia social, de las órdenes judiciales de protección, de la información procedente de los servicios penitenciarios, de la derivada del seguimiento de casos del Ministerio del Interior y del servicio telefónico de atención y protección a las víctimas de malos tratos.
Para ello, los datos de las más de 2.000 víctimas que ya figuran en el registro unificado se sumarán las que tiene contabilizadas el registro de la policía y la información de los juzgados y de la Fiscalía.
Valoración
Las informaciones que aglutinará este registro son: los datos identificativos de la mujer, de los menores y personas que de ella dependan, datos personales, información sobre renta, ingresos y patrimonio, información sobre actuaciones judiciales, información sobre las formas y ámbitos en los que se ha ejercido la violencia, así como la historia social e información de los recursos del sistema de responsabilidad pública que haya o esté utilizando la víctima.
Además, se anotará la información de la que tengan conocimiento otros organismos o entidades que desarrollen su actividad con víctimas. El acceso al registro para hacer anotaciones y consultas deberá estar autorizado por la Administración autonómica. Todos los datos recogidos en él tendrán el máximo nivel de seguridad.
El portavoz recordó además que la aprobación de este Decreto responde al compromiso asumido por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en enero durante la presentación del “novedoso” modelo de trabajo en red para la atención integral a las víctimas de violencia de género.
