El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comunicó ayer al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que reformará la Ley de Tasas en la Administración de Justicia en las próximas “dos o tres semanas”. Precisó que la renovación del gravamen “supondrá una aproximación a los planteamientos de los abogados” y que serán “más beneficiosas para los ciudadanos que en la situación actual”.
La ley se aprobó en noviembre de 2012 y apenas tres meses después y tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, se sometió una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
El CGAE confirmó que la intención del ministro es buscar una propuesta “más coherente con la legislación existente en 2003 que con la actual”. En aquel año Catalá ocupaba el cargo de secretario de Estado de Justicia, con José Michavila como ministro, y el Ejecutivo defendía tasas únicamente para las personas jurídicas (sociedades y empresas).
Se prevé que la decisión final la tome en breve el Consejo de Ministros y aún está por ver cómo se hará efectiva la reforma de la ley vigente. El proyecto de ley está descartado.
