En San Rafael están ya cansados de escuchar que el tráfico pesado va a dejar de pasar por su travesía, situada en la N-VI. Es una de esas promesas electorales que nunca llega, gobierne quien gobierne.
Quizá por ello, fueron muchos los vecinos que se sorprendieron cuando, el pasado 30 de enero, el procurador del PP en las Cortes de Castilla y León Juan José Sanz Vitorio anunció que, por fin, el Ministerio de Fomento se disponía a desviar el tráfico pesado de esa travesía, en la N-VI, a la autopista AP-6. Además, el político popular marcó una fecha, inminente, para la entrada en vigor de la medida: el segundo trimestre de este año.
La noticia fue recibida con entusiasmo por el vecindario, que en el último año había protagonizado diversas acciones de protesta, tras el atropello de un niño en la mencionada travesía. Y el alcalde de El Espinar, Francisco Jorge, se felicitó por la decisión de Fomento, recordando que era una vieja demanda del Ayuntamiento, y agregando que la medida será provisional, hasta que se ejecute el proyecto de la variante de San Rafael.
Pero nunca llueve a gusto de todos. Lo que para la gente de San Rafael es motivo de alegría, suscita temor entre los vecinos de Labajos, Villacastín y Navas de San Antonio, tres pueblos cuya economía se basa, en buena medida, en el tráfico de la N-VI.
Luis Miguel Pérez, alcalde de Navas de San Antonio, se encuentra “indignado”. “Se pretende que la circulación pesada vaya, desde Adanero a Madrid, por la autopista, eliminándolo de la N-VI, y para ello se anuncia una rebaja del peaje de hasta el 50%”, explica el regidor, quien augura que, en el caso de entrar en vigor la medida, “sería la puntilla” para un buen número de negocios del pueblo. Entre ellos, los del sector de hostelería, la gasolinera y un taller mecánico. “Calculo que podrían perderse en torno al 30% de los puestos de trabajo del pueblo”, pronostica. Pérez considera que “detrás” de este asunto se encuentran las empresas concesionarias de las autopistas, a las que el Gobierno quiere dar ahora, de una forma encubierta, una subvención para que solucionen sus problemas económicos. “Es una jugada maestra”, dice, en referencia a la estrategia de las concesionarias de las autopista, advirtiendo, a renglón seguido, que “todo esto no tiene nada que ver con la supresión del tráfico pesado de San Rafael, que podría llevarse a cabo habilitando un entronque en el Cristo del Caloco, sin perjudicar al resto de pueblos de la N-VI”.
Pérez no es el único enfadado. El alcalde de Labajos, Santiago Fuertes, también lo está. Y mucho. Él es propietario de una área de servicios que, antes de la crisis económica, daba trabajo a 20 personas. Hoy, el número de empleados ha bajado a 11. “Aquí, el 80% de nuestra facturación procede del transporte pesado. Si desapareciera, no quedaría otro remedio que ir despidiendo a los trabajadores”, dice. En cualquier caso, él se resiste a pensar que “una ministra ejemplar” como Ana Pastor no tenga en cuenta los daños colaterales a los pequeños industriales antes de implantar la medida. “Mire, yo puedo entender que el Gobierno quiera ayudar a las concesionarias de las autopistas, pero espero que eso se haga sin perjudicarnos al resto de empresarios”, declara. Fuentes dice que él defendería la eliminación del tráfico pesado en los tramos peligrosos de las carreteras convencionales (“lo primero es salvar vidas; eso está claro”, dice), negando seguidamente que haya peligrosidad en la N-VI al paso por su pueblo. “Me gustaría —concluye— que el transportista pudiera elegir entre ir por la N-VI o la autopista, no que se le impusiera”.
Desde Villacastín, su alcalde, Jesús Grande, también está dispuesto a levantar la voz por este asunto. Una rápida estimación le hace pronosticar que, en caso de que finalmente se desvíe el tráfico pesado de la N-VI a la autopista, en la localidad se podrían perder “entre 60 y 70 empleos”. Puesto a contar, Grande cita la media de docena de restaurantes que “viven de la carretera”, así como tres gasolineras y tres talleres mecánicos. “Como esta iniciativa de Fomento se lleve a cabo, se cargan la hostelería de Villacastín”, avisa Grande, al que varios vecinos se han acercado en los últimos días para manifestarle su “inquietud” por esta situación.
Antes de que sea demasiado tarde, los alcaldes de Labajos, Villacastín y Navas de San Antonio han solicitado una reunión con representantes del Ministerio de Fomento, para plantearlos su preocupación por la posible entrada en vigor de medida.
