La ley para medir la representatividad en el sector agrario a nivel estatal ha iniciado su cuenta atrás con el debate en la Comisión correspondiente del Congreso de cara a su aplicación durante este año. El Ministerio de Agricultura no contempla su tramitación por la vía de urgencia, pero se ha propuesto que se finiquite en unos debates exprés, tanto en su paso por el Congreso como en el Senado.
Lo que será la futura normativa de la representatividad agraria viene precedida por un anteproyecto donde se contemplaba la existencia de una sola mesa electoral en cada capital de provincia y mantener las urnas abiertas durante un período de 15 días en la sede de la Subdelegación del Gobierno. Aquel anteproyecto sin sentido fue modificado radicalmente por el Ministerio para introducir algunos cambios importantes, como la existencia de urnas en las comarcas por cada 1.400 votantes y que las votaciones fueran solamente un día.
No obstante, estos cambios no han variado otras cosas, y se trata hoy de un proyecto de ley que ha seguido despertando el rechazo por motivos diferentes en la mayor parte de los grupos de la oposición, socialistas, Izquierda Unida, PNV, CIU y el Bloque, que planteaban sin éxito enmiendas a la totalidad, así como entre las organizaciones agrarias .
De la propuesta de ley actualmente a debate en el Congreso, por la que se plantea una consulta simultánea en todo el territorio estatal, se pueden destacar los siguientes puntos: habrá una mesa por cada 1.400 votantes durante una jornada; son posibles las coaliciones con una sola candidatura; se considerará sigla representativa la que logre el 15% de los votos emitidos a nivel estatal y un 5% en seis comunidades autónomas; para ser elector se requiere una de estas tres condiciones: estar dado de alta en la Seguridad Social por cuenta propia, que la renta procedente de la actividad agraria sea, como mínimo el 25% de su renta total o percibir pagos superiores a los 3.000 euros de las ayudas del FEGA
Con estas tres condiciones para poder ser elector, Agricultura se declara partidario de que puedan votar todas las personas que tengan alguna relación con la actividad agraria y no limitarlo solamente a quienes se hallen dados de alta en la Seguridad Social agraria.
Desde la oposición se critica, sin embargo, que se establezcan criterios discriminatorios como la exigencia de recibir una ayuda mínima de 3.000 euros, cuando hay sectores como el porcino, la avicultura o las frutas y hortalizas que no cobran ayudas y que nunca podrían cumplir esa condición
Desde la Administración central no han dudado en calificar la misma como una consulta pionera cuyos resultados darán lugar a la constitución del Consejo Agrario para una distribución temporal del patrimonio de las viejas Cámaras y se distribuirán las subvenciones que disponga el Ministerio, como sucede en la actualidad a través de diferentes organismos. Este Consejo está llamado a ser el órgano de colaboración y consulta entre la Administración agraria y el sector para el desarrollo de la política agraria.
La celebración de la consulta figuraba entre los compromisos prioritarios del ministro Miguel Arias Cañete para esta legislatura. Se trata de una idea que el ministro tenía y tiene muy metida en la cabeza, no se sabe si, simplemente para ser más objetivo y transparente a la hora de la distribución de los fondos o para poner en evidencia el peso escaso que, en su opinión, puedan tener organizaciones que no son precisamente muy afines a las políticas de los populares. Lo que sí es cierto es que, con la actual regulación de los procesos electorales en función de las viejas Cámaras Agrarias, la representatividad en el sector agrario es como una jungla ante la total irregularidad con la que se han convocado elecciones en las Comunidades Autónomas, además, con criterios dispares sobre la condición de votantes. Aunque era posible la celebración de elecciones cada cuatro años, solamente en Castilla y León, Cataluña y Madrid se han convocado de manera regular. Otras siete regiones, Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y Murcia, no se celebran desde 2002 y en otras seis no se han celebrado elecciones desde 1978. Con esta consulta, el ministro pretende poner fin a este desorden y disponer de unos resultados a nivel estatal sin poner en discusión las elecciones y la representatividad que tenga cada sigla en cada Comunidad Autónoma.
Desde las formaciones políticas, se critica fundamentalmente que haya llegado al Congreso un proyecto de ley sin los informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social; que se plantee como una consulta y no como una ley electoral, donde no hay techo de gasto por campaña y, entre otras cuestiones, que se establezcan criterios discriminatorios sobre quién puede acudir a las urnas. En esos medios se estima que la misma será inconstitucional.
Mientras tanto, desde las organizaciones agrarias reconocidas, Asaja, y, sobre todo, UPA y COAG, llueven igualmente las críticas. No se entiende la necesidad de menear las aguas actuales de la representatividad, aunque en el escenario actual queda fuera la Unión de Uniones, sigla formada por uniones escindidas de COAG. No se entiende el interés para medir la representatividad de unas siglas en el campo, cuando no se hace lo mismo con otras organizaciones reconocidas como CEOE o Cepyme, entre los empresarios; no se ve la necesidad de meter en este momento a las OPAS en un proceso electoral cuando las organizaciones andan sin recursos ni para su propio funcionamiento, salvo el interés oficial de tener a las mismas entretenidas en preparar esos comicios, sin trabajar en lo que realmente interesa, que es el desarrollo de la política agraria. Las elecciones han tenido generalmente una muy baja participación. En el contexto actual, pueden ser simplemente el resultado de quien disponga de los mayores recursos para movilizar a todo el sector de cara a las urnas.
