El ‘embrollo’ empezó en la cocina; es decir, en el punto 11 del orden del día del pleno ordinario del Ayuntamiento celebrado el pasado viernes, cuando se debatía una modificación presupuestaria para destinar 10.450 euros a la cocina de la escuela infantil municipal ‘La Senda’, en San Lorenzo. Pero venía de antes, desde el preciso momento en el que el equipo de gobierno socialista anunció bien entrado agosto que las obras de remodelación de la avenida de la Constitución no empezarán hasta el año que viene. Poco después se anunció que también se posponían a 2016 otras dos grandes inversiones previstas inicialmente este año: la reforma de la estación de autobuses y lo que queda por ejecutar en los programas de rehabilitación, los ARUs de San José y Canonjías.
Los ciudadanos ya están acostumbrándose a que cuando algo se retrasa o no se puede realizar, además de a las consabidas limitaciones económicas, se acude a “los técnicos” al “interventor”, a informes, dictámenes y legalismos para justificar la imposibilidad de acometer un proyecto anunciado.
En cuanto a las tres partidas presupuestarias citadas, desde el gobierno del Ayuntamiento sostienen una y otra vez que el aplazamiento se debe a que la Junta no ha obrado con la suficiente celeridad. Además, al señor interventor municipal le han tenido que sonar los oídos estas últimas semanas porque ha sido, con sus informes o su criterio, según afirmaron varios concejales delegados, quien ha aconsejado no iniciar determinados procedimientos este año.
Precisamente, el portavoz de UPyD, Cosme Aranguren, aprovechando la presencia del interventor en la sesión del viernes, pidió, durante el punto del día sobre la cocina, que interviniera, valga la redundancia, para aclarar esos aspectos en los que oposición, principalmente el PP, y equipo de gobierno no se ponen de acuerdo. Y el interventor intervino, pero lo hizo con las referencias normativas esperables en un técnico que, informando a la corporación, vela por la legalidad de cada ingreso, gasto o pago; es decir, con un galimatías técnico-jurídico que a los legos en la materia dejó como si estuviera hablado en swahili. Tampoco tuvo el efecto deseado, o deseable, porque los grupos políticos interpretaron la intervención del interventor a su manera, quedándose con una parte de sus argumentos y desechando la que no les conviene.
Eran cuatro los puntos del orden del día del pleno que abordaban modificaciones presupuestarias: el ya citado de la cocina de la escuela infantil, otros dos para reponer un muro de cerramiento en la ciudad deportiva de La Albuera y reformar la cubierta del Colegio Domingo de Soto y el último sobre tres partidas destinadas a pagar un sobrecoste en las obras del edificio del CAT, un crédito hipotecario de Evisego y a cumplir una sentencia por un conflicto laboral en la Empresa Municipal de Turismo (en total, más de 400.000 euros).
El portavoz socialista y concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, aprovechó para detallar las 47 actuaciones ya anunciadas a realizar en el último trimestre de este año gracias al dinero de las partidas presupuestarias no ejecutadas —en total 1.874.000 euros—, reiterando el argumento de que de no aplicarlas “afectaría negativamente al capítulo de inversiones en 2016, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria solo permite aumentar ese capítulo respecto a lo ejecutado en el anterior”.
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Raquel Fernández, explicó que, independientemente de donde se destinen los fondos, “no nos gusta que se renuncie a ejecutar las obras de la estación de autobuses”, aunque también acusó a Reguera de “falta de rigor presupuestario” por incluir el pago de una hipoteca, ya que a su juicio se trata de un gasto conocido que debía estar previsto en el presupuesto de este año.
Tanto Cosme Aranguren, de UPyD, como María José García, de Ciudadanos, señalaron que en el caso del dinero destinado a las obras del CAT “no se ha explicado a qué se debe el sobrecoste, falta claridad”, en palabras del primero, mientras la segunda cuestionó si ese sobrecoste se corresponde con un 10% del total del presupuesto de adjudicación de las obras.
En cuanto a la no ejecución de lo previsto en los programas de rehabilitación de San José y Canonjías, el portavoz de IU, Ángel Galindo, afirmó que el equipo de gobierno, en un año electoral como éste, con las dificultades que ha tenido el PP hasta formar gobierno en Castilla y León, hubiera sido preferible explicar antes que no se iban a desarrollar. “Hay que ser muy pedagógicos con los ciudadanos, que son los grandes perjudicados y, entre unos y otros, al final, la casa sin barrer”, sostuvo.
En cualquier caso, la concejala de Patrimonio Histórico, Claudia de Santos, desveló un nuevo legalismo, el motivo para no sacar adelante este año las convocatorias de subvenciones de los ARUs. A raíz de una pregunta del PP, sostuvo que la Ley General de Subvenciones estatal exige que la convocatoria recoja expresamente los créditos presupuestarios a los que se imputan las ayudas.
