Carmen Ámez Revuelta, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos UGT de Castilla y León, y Miguel Ángel Mateo Núñez, secretario general de FSP-UGT en Segovia, fueron los encargados de impartir la rueda de prensa celebrada ayer, en la que se analizó el impacto que tendrán los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Ámez calificó estos presupuestos de “atípicos”, ya que se han publicado unos meses antes respecto a años anteriores. Según la secretaria general, “estos presupuestos muestran la continuidad de un Gobierno prepotente, que pretende condicionar al partido político que gobierne en un futuro a cumplir lo establecidos anteriormente”.
Los miembros de UGT analizaron los PGE para los empleados públicos desde cuatro puntos de vista. El primero fue el incremento de las retribuciones a estos empleados del 1%, que consideran “insuficiente”. “El Gobierno habla de que quiere prestar especial atención al sector público, pero con este 1% demuestra que no le importa para nada el sector. Es una falta de respeto para los empleados públicos”, afirmó Ámez durante la rueda de prensa. Señaló los recortes salariales que llevan viviendo los empleados públicos desde el año 2010, cuando comenzaron las congelaciones salariales, el recorte de empleos y la supresión de la paga extraordinaria. “Estos presupuestos establecen un incremento de la retribución de un 3,4% para los cargos de alta dirección sel sector público, discriminando al resto de empleados”, manifestó Carmen Ámez. UGT se queja de que la realidad de estos presupuestos no tiene que ver con lo publicado, y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, expone “mentiras que no se asemejan a la realidad”.
El segundo punto fue la “posible” devolución de la paga extra de diciembre de 2012 a los empleados, que tendrá carácter ejecutivo para el sector público estatal, pero carácter posibilista para el resto de Administraciones Públicas, lo que continúa reflejando la “imparcialidad y discriminación” que alegaron los representantes del sindicato. Según la organización, “el Gobierno genera una inseguridad jurídica, pues para la Administración General del Estado establece unos pasos y márgenes temporales y para el resto de las Administraciones otros bien distintos, lo que va a generar que unos empleos públicos hayan percibido el 25% de la paga y otros no”.
El tercer punto tratado en la rueda de prensa fue el incremento al 100% de la tasa de reposición de efectivos en los servicios públicos básicos. Carmen Ámez afirmó que esta tasa no dice nada de jubilaciones temporales ni de los trabajadores que pasen a una segunda actividad. “En empleos como Policía Local o extinción de incendios, esta tasa podrá llegar al 100% siempre y cuando el Ayuntamiento de la localidad correspondiente cumpla los requisitos presupuestarios, algo que pocos Consistorios consiguen en España”, manifestó.
El último punto fue la modificación del Estatuto Básico de Empleados Públicos, que se puso en marcha en el año 2007 y que jamás se llegó a desarrollar. UGT pide el desarrollo de este estatuto en todos los derechos del trabajador.
En cuanto a la repercusión de estos presupuestos en Segovia, Miguel Ángel Mateo habló de “la pérdida de alrededor de 2.000 empleos públicos en la provincia en cinco años”. “La falta de sustituciones en empleo público conlleva listas de espera interminables, como sucede en el Hospital General, que son inasumibles por la sociedad segoviana”, afirmó Mateo. También aludió a los trámites telemáticos que se quieren implantar desde el Gobierno en todo el país, afirmando Mateo Sanz que “la población segoviana está envejecida, lo que imposibilita que los ancianos puedan pedir una cita para gestiones en la pensión a través de internet si no saben ni lo que es”.
Lo que UGT pide es que haya “una negociación “transparente que permita llegar al consenso”.
