La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas instó a las universidades públicas a instaurarse un sistema de contabilidad analítica que incremente la transparencia de sus cuentas, la gestión del personal, así como los costes de los distintos estudios, en línea con el decreto de reforma universitaria de abril de 2012.
Así consta en las propuestas de resolución planteadas por los populares, que fueron aprobadas ayer, en relación con el Informe de fiscalización de las universidades públicas de 2012.
En dicho informe, presentado en las Cortes en febrero, se alertaba de que, en 2012, las universidades públicas españolas tenían una deuda de 620,1 millones de euros, al mismo tiempo que se destacaba unas obligaciones ese año por un importe de 9.219 millones de euros, y derechos por 9.278 millones.
Además, se resaltaba que los gastos más relevantes eran los de personal, que suponían en los centros presenciales el 61% del total de obligaciones reconocidas, mientras que por el lado de los ingresos, se constataba el “importante peso específico” de la financiación pública a través de subvenciones y de transferencias, que representan en los centros públicos presenciales el 77% de los derechos reconocidos.
El informe destacaba también la reducción paulatina de los excedentes de tesorería mantenidos en entidades de crédito, junto con las inversiones financieras temporales en que se han materializado picos de tesorería, con decrecimientos en el periodo cercanos al 50%.
Así, los parlamentarios sugieren también a las universidades públicas la creación y el reforzamiento de las unidades operativas de control interno, desarrollando las mismas para que sean efectivas teniendo en cuenta la complejidad de las actividades que se realizan en las universidades y la diversidad de los sistemas de control de la administración regional y los crecientes requerimientos de las intervenciones de las administraciones públicas financiadoras.
Presupuestos
Además, ven conveniente que se inste a las comunidades autónomas al establecimiento de la normativa específica para el control presupuestario de las universidades, en especial en la gestión de la tesorería, que se alineen con la normativa de la región y, en su caso, con las previsiones de equilibrio presupuestario establecidas.
Igualmente, los parlamentarios plantean que se reclame a las universidades la creación de planes estratégicos que reflejen los instrumentos de financiación así establecidos por las regiones para calcular los presupuestos.
