La rescisión del contrato con Isolux, adjudicataria de la redacción del Plan Especial de Infraestructuras del Aparcamiento de Los Tilos, de su construccion y explotación por un periodo de 35 años, puede suponer un desembolso a las arcas municipales de casi 400.000 euros. El importe suma los 300.000 euros que reclama la empresa, por facturas ya abonadas a terceros, y los 97.650 euros que ya pagó el Ayuntamiento en concepto de honorarios profesionales por la redacción del Plan.
Al término de la junta de Gobierno, la alcaldesa, Clara Luquero, confirmó que el Ayuntamiento ha abierto una negociación con Isolux para finiquitar el contrato y desveló que la empresa “tiene facturas que justifican unos gastos relacionados con el Plan y el propio proyecto” por una cuantía “entre 200.000 y 300.000 euros”. A preguntas de los periodistas, Luquero admitió que, a mayores, se añaden esos 97.650 euros que ya fueron ingresados en la cuenta de la empresa.
Las manifestaciones de Luquero confirman lo apuntado, en declaraciones a EL ADELANTADO, por la concejala del PP, Raquel Fernández, quien desveló que el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, desvelo a los grupos que el Gobierno municipal se planteaba abonar a Isolux (cantidad que reclamó judicialmente la empresa) para rescindir de mutuo acuerdo el contrato y enterrar definitivamente el proyecto, que ha sido eliminado del Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS), en fase de tramitación, en cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad que suscribió Pedro Arahuetes y Luis Peñalosa (IU) y que otorgó al primero la Alcaldía.
Luquero desveló que los responsables de Isolux han transmitido al Ayuntamiento que “jamás ejecutarían el proyecto” en los términos planteados en el contrato suscrito en 2008 y que, en consecuencia, están dispuestos a negociar para finiquitarlo, aunque recuperando la cantidad invertida en la redacción del Plan y en la elaboración de los estudios previos y del propio proyecto. “Tenemos que ser realistas, intentar llegar a un acuerdo para cerrar este tema, por un puro acto de responsabilidad”, afirmó Luquero, quien recalcó que “es más sensato negociar ahora y pagar una cantidad prudente” que no embarcarse en un litigio en los tribunales, con consecuencias imprevisibles, obligando al desembolso de “recursos económicos mucho más importantes” para la ciudad. “Soy partidaria de que resolver la cuestión antes y no dar pie a procesos judiciales que pueden suponer graves consecuencias económicas”, subrayó la alcaldesa, quien hizo referencia a la ‘herencia’ de anteriores Gobiernos del PP, que obligan hoy a pagar indemnizaciones millonarias, fruto de sentencias judiciales, caso de la calle Soldado Español o, en su caso, de la Casa de la Parra, si se confirma el derribo.
En diciembre de 2012, el pleno del Ayuntamiento acordó rescindir el contrato con la empresa Isolux-Corsán. Para despejar cualquier duda sobre la voluntad de aparcar el proyecto, al menos de forma temporal, el pleno adoptó un segundo acuerdo: rechazar la moción del PP que pedía que se continuara la tramitación del proyecto. La decisión implicaba abonar a la empresa 97.650 euros por los honorarios profesionales derivados de la redacción del Plan. Pero la empresa recurrió el acuerdo al reclamar una indemnización por lucro cesante y daño emergente. En junio de 2014, una sentencia del TSJCyL consideró que no se ajustaba a derecho el acuerdo de pleno para la rescisión del contrato, que sigue por tanto, en vigor. Gobierno municipal y empresa tienen voluntad de romper el acuerdo , en contra, al parecer, del criterio del PP, que no admite que, por la presión de IU y ‘presuntos’ criterios de rentabilidad económica se aparque definitivamente el proyecto.
El PP no quiere perder la oportunidad ofrecida por el concejal no adscrito, Javier Arranz, partidario de rescatar el proyecto, y se plantea ‘muy seriamente’ respaldar en el próximo pleno—aunque con algunos matices—, una moción del exconcejal socialista. Arranz ha pedido que el Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS) (en fase de tramitación y donde no aparece una sola mención a este parking) autorice la infraestructura y que el Gobierno municipal (PSOE) continúe con el expediente para su construcción. Tanto PSOE como IU han adelantado que rechazarán la moción, no sin antes recordar que el PP ha amparado este planeamiento urbanístico, que protege el Paseo del Salón y sus laderas al catalogarlas como un parque público.
