Un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Segovia ha ordenado el sobreseimiento provisional de la denuncia que presentó el PP contra el entonces alcalde, Pedro Arahuetes, por un presunto delito de prevaricación administrativa, cuando el 15 de octubre de 2013, según los populares, retiró del depósito un coche de su familia sin abonar previamente las tasas de la grúa. El auto, al que ha tenido acceso EL ADELANTADO, considera que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito” y que, consecuencia, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Afirma que, según las declaraciones de las partes, testificales, “y en especial de la extensa documentación aportada, no se desprende la comisión por parte del denunciado, en la condición que entonces ostentaba de alcalde de Segovia, de un delito de prevaricación administrativa”. Contra este auto, cabe la presentación de recurso.
Como se recordará, el Juzgado número 3 de Segovia admitió a trámite, a instancias de la Fiscalía, una denuncia del PP en relación al presunto delito de prevaricación cometido por el alcalde cuando éste retiró, el 15 de octubre de 2013, del depósito de la grúa, sin pagar las tasas, un coche particular, que había sido trasladado por estar «indebidamente aparcado», según indicaron entonces los populares.
La versión que dio Arahuetes en los meses posteriores y que el 6 de marzo ratificó en sede judicial es que el coche estaba aparcado de forma correcta en un lugar autorizado (en la Plaza de los Espejos) y que contaba con una tarjeta de aparcamiento que el agente de Policía Local que patrullaba ese día con la grúa no vio en el momento de enganchar el coche. El PP aseguró, sin embargo, que el vehículo no estaba siendo utilizado ese día por el alcalde para cumplir funciones propias de su cargo, al encontrarse fuera de Segovia, y que lo retiró sin pagar las tasas de la grúa, cuando las normas de circulación exigían este pago para compensar los gastos de la retirada, como paso previo a la devolución, y con independencia de que el afectado pueda luego recurrir la decisión. Arahuetes aseguró en repetidas ocasiones que el coche estaba bien aparcado porque la tarjeta se encontraba en el salpicadero, que el policía ya declaró, públicamente, que no la vió, admitiendo su error, y que él nunca se negó a pagar la tasa, y que se limitó, porque así se lo indicaron, a firmar la retirada del vehículo.
El PP denunció que el coche fue aparcado en un lugar reservado exclusivamente para vehículos oficiales, a pesar, según indicaron los populares, de que el alcalde no se encontraba en la ciudad de Segovia, y que, por ello no ejercía en ese momento funciones propias de su cargo como alcalde.
Sin embargo, la magistrada Sonia López Rojo considera que “no se acredita de lo actuado el hecho afirmado por el denunciante de que efectivamente, y aunque no estuviera físicamente en Segovia el denunciado, este no se encontrara ejerciendo funciones representativas propias de su cargo”. Asimismo, la instructora mantiene que tampoco se acreditan extremos como la intencionalidad por parte del denunciado de extralimitarse, o aprovecharse de su cargo al estacionar su vehículo en la plaza reservada, el hecho de que a posteriori el denunciado hubiera realizado gestiones tendentes a evitar pagos de las tasas relativas a la retirada del vehículo, “ni en definitiva, que el denunciado hubiera realizado gestión o actuación alguna aprovechándose de su cargo en el Ayuntamiento tendente a eludir cualquier responsabilidad”.
No en vía penal
A este respecto, considera que “para el supuesto de existir alguna responsabilidad en que pudiera haber incurrido el denunciado esta no seria merecedora de un reproche en vía penal sino en su caso administrativa, o política”. Además de declara el sobreseimiento, la magistrada acuerda rechazar los dos recursos de reforma interpuestos por la parte denunciante.
Arahuetes rehusó ayer hacer declaraciones a este diario. Como se recordará, el entonces alcalde, cuando declaró en el Juzgado, ya manifestó su confianza en que el Juzgado archivase la denuncia por el caso de la grúa y advirtió que, en ese caso, “seguramente” emprendería acciones legales contra los populares.
