Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia, de fecha 22 de octubre, reprueba la contratación de siete técnicos de dinamización económica por parte de la Diputación de Segovia, según reveló ayer el procurador socialista José Luis Aceves, quien ya desde el año 2013 venía denunciando los que denominó “contratos a la carta”, entre los que figuraban uno al hermano de la actual presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y otro a la esposa del exalcalde de El Espinar, Francisco Jorge.
En el fallo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo estima totalmente el recurso presentado por el PSOE sobre las mencionadas contrataciones, en las que Aceves percibió “amiguismo”. Al haberse estimado totalmente la demanda del PSOE, el juez condena en costas a la Diputación.
Como se recordará, dichos contratos, de un año de duración, generaron en 2013 una gran polémica entre socialistas y populares. Y a mediados de 2014, cuando la Diputación volvió a contratar de nuevo y sin pasar ninguna prueba a los mismos siete técnicos de dinamización económica, por otro periodo de un año, la controversia se recrudeció.
En el texto de la sentencia se señala que el sistema para designar a los siete técnicos “no cumplía los requisitos de acceso a la función pública de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad”.
Aceves pidió ayer al presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, dado que la sentencia no es firme —la Diputación puede interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días— que “no la recurra”, exigiendo a continuación que “ofrezca explicaciones” y, por último “pida disculpas a los segovianos”, por “un proceso irregular”. “Ésta no debe ser la forma de actuar de la Diputación”, concluyó Aceves.
El portavoz de los populares en la Diputación, José Luis Sanz Merino, desveló ayer que la institución no recurrirá la sentencia, pues la misma “no tiene ningún efecto jurídico real”, dado que los contratos a los que hace referencia han finalizado.
Aunque Sanz Merino reconoció que en el texto de la sentencia se indica que el procedimiento para la contratación no fue el correcto, quiso advertir que “se llevó a cabo tal y como lo planteó el Servicio de Empleo de Castilla y León (ECYL), que era quien concedía la subvención para esos contratos”, agregando que en el segundo periodo de estos contratos, dicho Servicio consideró procedente recurrir al sistema de ‘bolsa de empleo’. El portavoz popular subrayó que todas las diputaciones de Castilla y León realizaron el proceso de igual manera, lamentando que el PSOE haya “lanzado sus diatribas contra la Diputación” cuando, en rigor, quien dirigió todo el proceso fue el mencionado ECYL.
