Los españoles presentaron a lo largo de este 2015 alrededor de 18.000 quejas ante el Defensor del Pueblo, un 24 por ciento menos que las registradas en 2014, algo que la máxima responsable de la institución, Soledad Becerril, considera que refleja una mejoría en la situación del país.
“Esta es una institución que puede servir de termómetro relativo, es un reflejo social de circunstancias sociales y hemos notado una mejoría suave, relativa a lo largo de 2014 y 2015 en comparación con 2012 y con 2013 —señaló—. Fueron unos años en que se notó que había muchas dificultades para grandes sectores de la población, de carácter social y económico. A lo largo de 2014 descendieron algo esas cifras, y a lo largo de 2015 también, pero claro, esto hay que mantenerlo y mejorarlo y mucho todavía”.
En una entrevista, Becerril explica que la mejora de las circunstancias económicas “desde luego influye” y que “no puede existir orgullo del número de quejas”. En su opinión, lo que sí puede facilitar la Institución es el acceso y la comunicación con el Defensor. Según indicó, a ello contribuyó en gran parte la nueva página web de la institución, que recibe diariamente entre 1.000 y 1.200 visitas.
Entre los principales problemas señalados por los españoles, la Defensora destaca que los retrasos en la administración de Justicia preocupan mucho, aunque reconoce que se está haciendo un esfuerzo; las ayudas a personas con discapacidad copan también parte de las quejas; y, este año también aparecen los impuestos a bienes inmuebles, revisados al alza por diversos ayuntamientos, que muchos ciudadanos consideran excesivos.
Por otro lado, Becerril destacó que la institución redujo a la mitad desde 2012 los tiempos de tramitación, de los 62,53 días a los 29,56 en el primer requerimiento a la administración y de 81 a 48 días en el caso del segundo requerimiento, a la vez que se ha ido reduciendo el gasto.
Mientras, como consecuencia de las gestiones, tal y como explicó, las recomendaciones a diferentes administraciones se incrementaron este año un 5 por ciento, hasta las 517. Entre ellas, señaló las relacionadas con refugiados, trata de seres humanos con fines de explotación, el semáforo financiero para informar de los riesgos de productos como las preferentes, o los temas relacionados con la puesta a disposición de los ciudadanos de viviendas sociales.
Asimismo, destacó los programas para alimentación de menores, el ibi rústico para suelos urbanizables sin construir, asuntos relacionados con la ley de segunda oportunidad y diversos temas relacionados con las personas con discapacidad.
Por otro lado, la Defensora del Pueblo hizo hincapié en la importancia de que las administraciones contesten al ciudadano en sus requerimientos. “No es de recibo que no se conteste al ciudadano, se guarden las preguntas en un cajón y, por supuesto, lo que no acepto es que se haga con el Defensor, hasta el punto de que, tras una tercera solicitud de información, razonada y motivada, yo doy cuenta a la Fiscalía”, expresó.
En esta línea, recordó que la página web de la institución recoge “con grandes titulares” un icono que dice qué administraciones son “entorpecedoras”, lo que sirvió para mejorar la respuesta de las mismas. “Cuando las administraciones se ven allí, inmediatamente llaman o ponen un correo”, concretó, al tiempo que manifestó comprensión con ayuntamientos pequeños sin medios suficientes.
