El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer que el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Intervención General del Estado están investigando los 1.300 millones de euros que Cataluña habría gastado y que no contabilizó.
Según explicó Montoro, este gasto se corresponde con “contratos de participaciones público-privados de hace más de una década”, y añadió que se trata de “anotaciones en materia contable que no tienen por qué haberse producido” y, por tanto, “el tripartito (Banco de España, INE y la Intervención General del Estado) tiene el encargo de iniciar una investigación”, de la que con posterioridad se informará a la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).
Este gasto se ha conocido este mismo año y, de acuerdo con la explicación de Montoro, el criterio de Eurostat es que se anote en el ejercicio en el que aflora, siempre y cuando dicho ejercicio aún no esté cerrado, por lo que finalmente se han imputado al año 2015, algo que ya se notará en los datos de déficit de las comunidades que se darán a conocer hoy.
El pasado 21 de octubre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunicó que iba a imputar 1.500 millones extra al déficit de 2015 por contratos de Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza del año 2013 que acababa de conocer. En el caso de Cataluña el aumento del gasto en 2013 era de 1.318 millones de euros derivados de contratos firmados en años anteriores y que se correspondían, según comunicó la Generalitat, a inversiones en carreteras y centros penitenciarios.
Por otra parte, Montoro exigió a la Generalitat que cumpla “cuanto antes” con sus “nuevas” condiciones para recibir recursos adicionales del Fondo de Liquidez Autonómico del año 2014 por valor de 3.034 millones de euros, para que sus proveedores “no tengan que sufrir más aplazamientos derivados de posiciones políticas que hoy no tienen sentido”.
“Lo que tienen que hacer es distraerse menos y dedicarse a gestionar recursos de todos los ciudadanos. Cumplir esas condiciones aunque sean diferentes a las del resto y así se podrá abonar cuanto antes”, insistió. Así, el ministro explicó que las condiciones “adicionales” que el Gobierno exige a la Generalitat otorgarán una “mayor transparencia” en su gestión pública ya que se identificará en qué se gastan los recursos.
