El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, confirmó ayer que la venta de terrenos “no es suficiente” para financiar el soterramiento del ferrocarril en la capital, por lo que será preciso “replantearlo”. Aún así, precisó que “en ningún caso” se ha considerado la opción de renunciar a esta infraestructura.
El regidor secundó la opinión de su concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Manuel Saravia, al tiempo que no se trata de una cuestión de “voluntad” sino de “posibilidad”, puesto que “con los actuales precios del mercado”, la venta de estos terrenos “no cubriría ni los 400 millones de euros que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ha pedido de crédito”.
El valor actual de este terreno no llega a los 400 millones de euros, menos de la mitad de lo que se valoró en su día.
Por ello, insistió en que “no hay otra salida” porque “es una cuestión de aritmética”, pero reiteró que la opción será el replanteamiento y no la renuncia. En este sentido, el presidente del Grupo Municipal Popular, José Antonio Martínez Bermejo, consideró “lógica” la “revisión” de un proyecto “de hace mucho tiempo” sobre el que “se ha echado encima la crisis”.
En este sentido, ofreció la “lealtad” de su Grupo a la hora de afrontar esta revisión y pidió que el equipo de Gobierno cuente con los populares, aspecto sobre el que mostró su “buena voluntad”.
Por lo que se refiere al Campus de la Justicia y la posibilidad de que el nuevo Consistorio modifique este proyecto, Puente destacó “la “voluntad de entendimiento” mostrada por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y cree que al final “habrá acuerdo”, si bien recordó que es el Ayuntamiento “quien decide dónde se ubican los equipamientos públicos”.
Por último, y sobre el uso de la Plaza Mayor vallisoletana para la celebración de actos públicos y privados, abogó por elaborar un protocolo de utilización que suponga “una reglas fijas”.
