El juez instructor del caso Nóos, José Castro, confirmó su autorización para la venta del palacete que los Duques de Palma poseen en el barrio barcelonés de Pedralbes siempre que se comprometan a depositar en el Juzgado los 2,3 millones de euros que obtendrían por la mitad del inmueble embargada a Iñaki Urdangarin como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa.
Mediante un auto dictado ayer —contra el que cabe recurso de apelación—, Castro desestima así la petición del Duque de poder abonar a Hacienda 253.705 euros —derivados del impago del IRPF de 2009— con los fondos que obtendría con la operación inmobiliaria. El precio de la operación inmobiliaria estaría estipulado en 6,95 millones de euros.
En su resolución, el magistrado aseveró que el crédito que Urdangarin pretende pagar a la Agencia Tributaria (AEAT) no derivaba de la supuesta comisión de ningún delito fiscal investigado en el caso Nóos, de modo que el embargo que pesa sobre la mitad indivisa del palacete “no tiene como finalidad garantizar ese crédito”.
Asimismo, señaló que la “preferencia” que el marido de la Infanta Cristina quiere dar al dinero que obtenga de la venta “podría tener sentido si el crédito que ostentara la AEAT lo fuera por razón de tributo que gravara periódicamente la finca a enajenar”, y añade que este pago “hubiera podido gozar de cierta preferencia si la Administración Tributaria hubiera accedido al Registro de la Propiedad y anotado preventivamente el embargo de la finca con prioridad a que lo hiciera este Juzgado”, afirmó.
En su recurso, la defensa del Duque aseveraba que la resolución dictada por Castro con los términos para llevar a cabo la operación inmobiliaria “no se ajusta a derecho” y aseveró que, en el caso de que el magistrado le permitiera saldar su deuda con Hacienda con el dinero procedente de la venta, podría igualmente depositar en el Juzgado la suma.
