La Junta de Andalucía presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Parques Nacionales si no logra alcanzar ‘in extremis’ hoy miércoles un acuerdo con el Gobierno de la Nación en Comisión Bilateral sobre el contenido de la norma que, a su juicio, vulnera «competencias exclusivas» de la comunidad autónoma, «rebaja los niveles de protección» y «abre la puerta a usos ahora prohibidos».
Así lo anunció ayer martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que autorizó a su Gabinete Jurídico a interponer un recurso ante el TC contra la Ley de Parques Nacionales aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 20 de noviembre, «que se presentará o no en función del resultado» de la citada reunión de la Comisión Bilateral, ya que el plazo para poder recurrir concluye el próximo viernes día 4.
A juicio de la Junta, la nueva Ley de Parques Nacionales vulnera en 23 de sus preceptos las competencias autonómicas sobre la materia. En líneas generales, Vázquez explicó que los artículos que serán recurridos impiden el desarrollo legislativo de la comunidad autónoma sobre la gestión de los parques, le limitan la posibilidad de establecer niveles de protección más altos y afectan a otras competencias sectoriales exclusivas de la Junta, como las de urbanismo.
Entre otras vulneraciones, el Gobierno andaluz señaló que la ley elimina la potestad de los parlamentos autonómicos de proponer la declaración de nuevos parques; concede más poderes al organismo autónomo de Parques Nacionales, que podrá «declarar unilateralmente» una situación de emergencia medioambiental; «extralimita las competencias estatales» en la definición de los instrumentos de planificación; y «vacía de contenido» la figura de los planes de ordenación de los recursos naturales
Además de la «invasión competencial» que motiva el recurso ante el TC, Vázquez señaló que la Junta también advierte sobre los «efectos negativos» que la nueva regulación puede tener sobre la propia gestión de la Red de Parques Nacionales. También subrayó que la Ley abría la puerta a la especulación y a otras actividades que hasta el momento estaban prohibidas.
