La Fiscalía pidió a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que admitiese a trámite la querella presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa contra el expresidente de su consejo de administración Felipe Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega por haberse adjudicado indemnizaciones millonarias poco antes de que la firma presentara el preconcurso de acreedores.
El fiscal José Perals solicitó admitir a trámite la querella presentada por el abogado Felipe Izquierdo contra Benjumea y Sánchez Ortega por delitos de administración desleal al haber “antepuesto sus intereses personales” a los de la sociedad. Además, atribuye al ex consejero delegado un delito de uso de información privilegiada.
El representante del Ministerio Público requiere que los querellados presenten sendas fianzas por el valor de las cantidades cobradas como consecuencia de las indemnizaciones o cláusulas de sus contratos para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de la causa.
Los querellantes denunciaron que Benjumea se llevó una “exorbitante” indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.
Sánchez Ortega, que dejó la empresa el pasado mes de mayo, percibió, por su parte, una “contraprestación post-contractual” de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de “bonus variable” que percibirá “a cuenta de 2015 hasta su salida”. Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó “fuertes posiciones bajistas” en relación con los valores de Abengoa.
Dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa presentaron en la Audiencia Nacional la primera querella contra la antigua cúpula de la compañía, en concurso de acreedores desde el pasado 26 de noviembre, por buscar su “propio beneficio y lucro personal” al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de “salvar a sus miles de inversores”.
Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran “conocedores de la auténtica realidad económica-financiera” de la empresa y que buscaron su enriquecimiento “en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad.
