La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que investigue el caso de la manipulación de las emisiones de los motores de Volkswagen por tratarse presuntamente de fraude que puede ocasionar perjuicio económico en diferentes personas de todo el territorio nacional.
En un escrito enviado por el fiscal de la Audiencia Nacional al juez central de Instrucción número 2 se indica que la causa se inicia por querellas interpuestas por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, de la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen y otros.
El fiscal indica que la manipulación de los propulsores parece consistir en la instalación de un programa informático que detecta el momento en el que el coche está en un banco de pruebas, con el fin de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los límites legales.
«La explicación a dicha manipulación radica en que para lograr un menor consumo de combustible es necesario obtener la mayor eficiencia energética del mismo, para lo cual se ha de someter a altas temperaturas; ello genera, sin embargo, la emisión de gases altamente contaminantes (óxido de nitrógeno)», añade.
La fiscalía indica, a su vez, que, para resolver este problema, la compañía introdujo un software capaz de detectar cuándo el coche estaba siendo objeto de pruebas de certificación de emisiones. Ante esto destaca que el grupo ha emitido varios comunicados en los que reconoce los hechos y la adopción de medidas inmediatas para su solución.
En caso de que estos supuestos fueran ciertos, la fiscalía indica que el coche estaría emitiendo gases por encima de lo permitido, lo que lo habilitaría para circular y apunta que los motores de bajos consumos tienen subvenciones públicas, por lo que «el engaño también podría haber supuesto un desembolso injustificado del Erario Público».
Ante esta situación, recomienda reunir información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA), así como informes periciales y de la compañía y de las ayudas públicas recibidas.
Asimismo, demanda recabar todos los comunicados emitidos por Volkswagen sobre el tema, la relación de vehículos afectados, el organigrama del grupo en España, la identificación de la empresa a la que se encargó fabricar el software, un informe sobre la instalación de dicho programa informático y otro de las medidas adoptadas para subsanar el perjuicio ocasionado.
