Mientras la Justicia norirlandesa retrasó hasta después del verano su decisión sobre la tantas veces aplazada extradición de José Ignacio de Juana Chaos en lo que algunos interpretan como un nuevo indicio de la veracidad de las acusaciones del PP sobre la negociación de un nuevo alto el fuego entre ETA y el Gobierno, el encargado de dar la cara para respaldar la versión oficial del socialismo, que niega la existencia de cualquier acercamiento con los asesinos, fue el presidente del Congreso, José Bono.
El otrora presidente de Castilla-La Mancha, que en lo personal nunca ha sido dudoso con respecto a la necesidad de mantener en todo momento la mano dura cuando de combatir al terrorismo se trata, quiso aclarar que, cuando alerta de las «líneas rojas» que no se deben traspasar en la lucha contra los asesinos, se refiere tanto a la «ambigüedad» de los políticos frente a ETA, como a quienes «pretenden prestarles vientres de alquiler a los terroristas», en clara referencia a EA, cuya intención es ejercer como caballo de Troya que cuele una vez más a los asesinos en las instituciones.
Bono trató de puntualizar así sus palabras de la víspera, pronunciadas ante los Reyes en la Cámara Baja durante la solemne sesión de homenaje a las víctimas del terrorismo, donde dijo que deberían ser amonestados los políticos que pisen la «línea roja».
A instancias de los informadores, Bono apuntó que no pretendía evaluar «declaraciones individuales» de nadie, ni siquiera del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que se ha convertido últimamente en el mejor valedor de las supuestas intenciones democráticas de los proetarras.
«No cabe la ambigüedad, no cabe la tibieza, es más, tenemos que esforzarnos para que los ciudadanos perciban que los políticos queremos más ganar a ETA y a los terroristas que ganar las elecciones», añadió el jefe del Legislativo antes de añadir que «no se pueden sentar ni en los Ayuntamientos ni en los Parlamentos los delincuentes, los asesinos y sus cómplices, vayan en el vientre de alquiler que vayan». «La única solución es la cárcel. Y la única medicina para los asesinos es la Guardia Civil y la Policía», sentenció.
Bastante menos claro lo tienen los jueces británicos, que ayer aplazaron hasta el próximo 10 de septiembre su decisión sobre el recurso presentado por la defensa del ex preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos contra su extradición a España. Los tres jueces encargados del caso se mostraron en un principio dispuestos a rechazar ayer mismo la petición del ex jefe del comando Madrid, quien permanece huido desde el 25 de marzo, fecha de su última comparecencia en la comisaría de Belfast donde tenía obligación de personarse diariamente, pero bastó una declaración del abogado de De Juana, Sean Devine, que aseguró tener «sólidos» argumentos para parar la extradición, para que los magistrados dejaran el asunto en suspenso.
El letrado, cuyas razones no parecen tan de peso como él pretende, basó su alegato en el estado de salud de su cliente y en el presunto «abuso» cometido por parte de las autoridades españolas, que quieren interrogar a De Juana para averiguar si fue el autor de una carta leída en el homenaje que se le tributó en su ausencia el mismo día que salió de prisión cuyo contenido podría llevar aparejado un delito de enaltecimiento del terrorismo.
A pocos metros de donde se desarrollaba la vista por el sanguinario asesino, otro etarra, en este caso Fermín Vila Michelena, salió algo peor librado después de que los jueces decidieran que seguirá arrestado en tanto se dilucida su entrega a la Audiencia Nacional por considerar que hay riesgo de que se fugue y dado que los delitos de los que se le acusa son graves.
Ya en Madrid, el Supremo decidió rechazar el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la causa que se seguía contra el etarra José Antonio Zurutuza, Capullo, por el asesinato del ejecutivo de Moulinex en Guipúzcoa José María Latiegui, cometido el 14 de abril de 1981, que queda exonerado del todo. El alto tribunal mantuvo que, al haber transcurrido más de 20 años, el posible delito ha prescrito, tal y como sostenía el Código Penal de 1973, vigente entonces.
