Que España se ha convertido en un país receptor de inmigración es una realidad que los ciudadanos han asimilado desde hace años. Y también lo es que se han intentado poner, con más o menos éxito, ciertos frenos a estas llegadas masivas, pero ahora la polémica está servida con la controvertida decisión del Ayuntamiento de la localidad catalana de Vic, que pretende no empadronar a aquellos inmigrantes que se encuentren en situación irregular mientras no acrediten que han cursado la solicitud o prórroga del permiso de residencia. Este medida, que cuenta con el consenso de CiU, PSC y ERC, vulnera la Ley de Bases de Régimen Local de 1995, que dice que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente, con independencia de su nacionalidad y situación administrativa, por lo que la lluvia de críticas a la decisión parece que no ha hecho más que empezar.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió ayer al Consistorio del municipio barcelonés de que «una cosa es el padrón, y otra la lucha contra la inmigración ilegal» y advirtió de que la medida que pretenden impulsar no se ajusta a una ley que «es muy clara» y amenazó con que Interior se posicionará ante esta decisión en caso de que el municipio reclame un dictamen sobre la situación.
En esta misma postura se postuló el portavoz de inmigración del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, quien aseguró que los ayuntamientos «tienen que cumplir con la normativa vigente y censar sin establecer diferencias de si las personas con extranjeras, no extranjeras, son legales o ilegales», aunque también acusó al Gobierno de favorecer estas posiciones extremas por «favorecer e incentivar» el efecto llamada y las regularizaciones masivas.
Sin embargo, el líder popular, Mariano Rajoy, avanzó un paso más y arremetió contra la Ley de Extranjería pidiendo su derogación, ya que recordó que esta es una consecuencia de la «demagogia» que ha practicado el Gobierno ante las ingentes llegadas de ciudadanos de otros países.
«¿Os acordáis de los papeles para todos, de las regularizaciones masivas y de una política suicida, de una modificación de la ley que no sirvió para nada?», se preguntó el conservador, quien contestó que «hemos pasado ahora a que sus propios compañeros de partido y sus socios estén haciendo todo lo contrario».
En silencio y sin hacer tanto ruido, parece que Vic no es el único municipio que modifica las leyes estatales adaptándolas a las necesidades locales. Así, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, el Consistorio aprobó en octubre de 2008 una variación de sus normas de empadronamiento en la que se decía que las personas no comunitarias que quisieran llevar a cabo este trámite tendrían que aportar «el permiso de residencia y, en caso de carecer de él, copia y original del pasaporte en vigor en el que no conste el visado de turista».
Esta normativa «ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los inmigrantes» y la localidad «ha dejado de ser la ciudad de más de 100.000 habitantes de la Comunidad con mayor porcentaje de habitantes extranjeros», recalcó en Ayuntamiento en su web.
