Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer, con el consenso de PP y PSOE, la Ley de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración que dotará a la Comunidad de una normativa de «vanguardia» con una carta de derechos de los ciudadanos y el derecho de tutela o derecho a identificar a los responsables de una tramitación.
En el debate final, el socialista Óscar Sánchez y la popular Josefa García Cirac, artífices del acuerdo, utilizaron argumentos culinarios para destacar como sale la normativa de la Cámara. Para el primero, llegó un «menú de degustación», que era insuficiente, mientras que para la segunda la comida no estaba mal pero se aprueba un «menú saludable y equilibrado».
La normativa llegó al plenario con el pacto de PP y PSOE, trabajo que destacaron el socialista Óscar Sánchez y la popular Josefa García Cirac en sus intervenciones, donde sólo hubo diferencias en algunas de las enmiendas que mantuvo Sánchez, entre ellas la extensión de la aplicación de la ley a las empresas y fundaciones porque, como la administración general de la Junta, también dan un servicio público.
La consejera de Administración autonómica, Isabel Alonso, presentó la normativa y subrayó el objetivo de garantizar el derecho a una buena administración, el derecho de participación y la regulación de las políticas rectoras. Se trata de un cambio en la cultura administrativa y en el reconocimiento de la relación de los ciudadanos con la administración como un derecho subjetivo, explicó.
Asimismo, destacó el trabajo de los grupos parlamentarios en la mejora de la ley, que incidirá en una administración acorde con las necesidades del siglo XXI.
